Municipios piuranos habrían dejado pérdidas por más S/. 2.4 millones

Mientras que otras auditorías realizadas a la municipalidad provincial de Sullana y a la Empresa Prestadora de Servicio de Saneamiento Grau – EPS Grau han permitido encontrar una serie de presuntas irregularidades en obras de saneamiento.

Municipalidad Distrital de Castilla

Durante las acciones de control realizadas en la municipalidad de Castilla se detectó que funcionarios ediles habrían generado pérdidas por S/. 1´565,163 durante la ejecución de las obras realizadas para la ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado así como para la construcción de pistas y veredas del distrito.

El caso más importante, debido al perjuicio económico causado, es el presunto favorecimiento a un contratista a quien se pagó en exceso S/. 1´433,380 por partidas no ejecutadas y que no cumplieron con las especificaciones técnicas. Estos hechos se registraron en la ejecución de la obra de "Ampliación y mejoramiento del sistema integral de agua potable y alcantarillado de los asentamientos humanos del sector noreste de Castilla".

Asimismo se han encontrado una serie de irregularidades vinculadas al proceso de selección y ejecución de la obra "Construcción de pistas y veredas en el programa de habilitación urbana Felipe Cossio del Pomar", las cuales han dejado pérdidas por más de S/. 131,783.

Municipalidad Distrital de La Unión

Durante las acciones de control realizadas en la municipalidad de La Unión se detectó que funcionarios ediles habrían generado pérdidas por S/. 851,257 durante la ejecución de la obra de rehabilitación del sistema de agua potable y alcantarillado del caso urbano del distrito; al haberse realizado pagos por trabajos no ejecutados.

La adjudicación de esta obra habría estado plagada de irregularidades. Se encontraron indicios de que se habría favorecido reiteradamente al único postor que se presentó, el cual estaría vinculado al experto independiente que integraba el Comité Especial encargado del proceso de selección (ambos consignaron el mismo domicilio legal durante el proceso).

Los funcionarios aceptaron la propuesta técnica del consorcio la cual no habría cumplido con los requerimientos técnicos mínimos y le habrían asignado un mayor puntaje al que correspondía para que siguiera en el proceso.

En enero del 2014, el Consejo Municipal de La Unión acordó declarar en situación de emergencia el sistema de alcantarillado del casco urbano. Sin embargo, cuando se emitió el Acuerdo Municipal se incluyó un segundo artículo (que no había sido autorizado ni aprobado) para realizar una exoneración del proceso de selección para culminar el sistema de alcantarillado.

Basándose en este Acuerdo Municipal, se decidió contratar (vía exoneración de proceso de selección por causal de emergencia que no estaba debidamente justificado) a un consorcio que culmine la obra con un valor referencial de S/. 4´337,335, en un plazo de 180 días.
En tiempo récord de una hora con diez minutos, desde la presentación de las propuestas, se otorgó la Buena Pro a un consorcio integrado por dos empresas, una de las cuales carecía de experiencia en ejecución de obras.

A esto se suma que, durante la suscripción y ejecución del contrato, se aceptó que el consorcio ganador presente cartas fianzas de garantía emitidas por la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Emprendedores – Coopem, una entidad que no se encontraba supervisada por la SBS.

La municipalidad aceptó cartas fianzas por más de S/. 3 millones de Coopem, una entidad que tenía como capital social apenas S/. 1,400, según Registros Públicos. Esto significa que en caso de incumplimiento del contrato, la municipalidad quedaba totalmente desprotegida pues Coopem carecía de solvencia para garantizar el pago de las cartas fianzas y no hubiera podido responder ni por el 0.05% que garantizó.

En todos estos casos, la Procuraduría Pública de la Contraloría General presenta las denuncias penales contra los presuntos responsables por el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, entre otros.

Municipalidad Provincial de Sullana

De otro lado, la Contraloría General detectó una serie de presuntas irregularidades en la obra de mejoramiento del Colector San Miguel en el tramo que va desde la calle Félix Jaramillo hasta la Cámara de Bombeo.

Se encontraron indicios de irregularidades en la elaboración de requerimientos técnicos mínimos, absolución de observaciones y en el otorgamiento de la Buena Pro para la elaboración del expediente técnico de la obra; y, se estableció que el proceso de exoneración realizada para la compra de materiales para la ejecución de la obra se habría realizado sin seguir el procedimiento legal, otorgándose la Buena Pro a un proveedor para regularizar las entregas efectuadas previamente. En ambos casos, se limitó la concurrencia de postores y el acceso a mejores propuestas.

Además, el cambio de especificaciones técnicas no consideradas inicialmente en el contrato para la adquisición de materiales para la ejecución de la obra ocasionó u perjuicio económico a la entidad.

EPS Grau

En el caso de la EPS, las acciones de control señalan que esta empresa pública habría favorecido a la contratista durante ejecución de la obra "Mejoramiento y rehabilitación del colector principal de ø 24"a ø 28" de la av. Félix Jaramillo", ocasionando retrasos en la culminación de la obra, riesgo de realización de mayores pagos, no recupero de los saldos del adelanto directo y adelanto de materiales indebidamente.

El dato

Un grupo de auditores se trasladó a la MP de Ayabaca para realizar una inspección física en obras paralizadas y cuestionadas así como recoger denuncias de presuntos casos de corrupción para ser investigadas. Se ha solicitado a la Fiscalía inmovilizar documentación de la comuna relacionada a la ejecución de obras, abastecimiento y tesorería, a fin de asegurar la integridad de la documentación que será examinada por el equipo auditor.