Coordina referencia a hospital de mayor complejidad dada la gravedad del caso
ERP. Con mucha preocupación, la Oficina de la Defensoría del Pueblo de Piura tomó el caso del accidente sufrido por la estudiante de 12 años de la I.E. José Olaya Balandra de Salitral (Morropón-Chulucanas), quien recibió de parte de otro alumno un impacto con arma de fuego en el rostro, mientras se preparaban para un desfile escolar.
Con la finalidad de asegurar el estado de salud de la menor, el Jefe de la Defensoría del Pueblo personal, Dr. César Orrego Azula acompañado con la Dra. Patricia Velásquez Ramos, se constituyeron al Hospital Santa Rosa de Piura, conociendo, según el Informe Médico elaborado por el doctor César Rodríguez Flores, que la estudiante tiene un traumatismo facial producto de un impacto de cartucho de arma artesanal presentando fracturas en el maxilar y quemadura profunda y aún se mantienen algunas esquirlas en el rostro, razón por la cual la Defensoría del Pueblo se encuentra coordinando con hospitales de mayor complejidad a nivel nacional la aceptación de la paciente para su intervención.
En ese sentido, dada la grave afectación a la integridad y la salud de la menor y dado el peligro que implica el manejo de armas por parte de estudiantes, personal de la Defensoría del Pueblo pudo entrevistarse con el Jefe del Área de Gestión Pedagógica de la Unidad de Gestión Escolar Local de Morropón, quien informó que el accidente se suscitó debido a que los estudiantes portaron armas de fuego con el objetivo de participar en un desfile escolar.
El Jefe de la Defensoría del Pueblo, se entrevistó telefónicamente con el Director Regional de Educación, Lic. Pedro Periche Querevalú para expresarle su preocupación respecto al ingreso y manipulación de armas de fuego en el centro educativo, lo que se encuentra terminantemente prohibido, sobre todo porque pone en grave riesgo la vida, la salud e integridad de todos los alumnos, exhortándole se inicien la toma de medidas para determinar la responsabilidad administrativa de los directivos y personal docente involucrados en estos hechos.
Resaltó que ¨la escuela pública debe adoptar todas las medidas administrativas y educativas apropiadas para proteger a los niños contra toda forma de perjuicio, descuido o trato negligente mientras el niño se encuentra bajo la custodia de cualquier persona que lo tenga a su cargo que para el caso, es la escuela¨.
Por otro lado, personal defensorial se comunicó con el Dr. Luis Venegas Morales del Ministerio Público, para exhortarle realice una investigación urgente y profunda sobre estos hechos que afectaron a la menor en su escuela.
El fiscal informó que tanto un representante de la Fiscalía de Familia, como un representante de la Fiscalía Penal se habían apersonado al lugar para la indagación, frente a la comisión de presuntos delitos de tenencia ilegal de armas y exposición de personas al peligro.
