ERP. El gobernador regional de Piura rompió el procedimiento usado para la designación del responsable del Sistema Anticorrupción y designó al abogado José Manuel Martínez Gómez como secretario técnico, pese a la existencia de acuerdo del Consejo Regional de Piura, que le retira la confianza. El indicado profesional ocupó dicho cargo en la parte final de la gestión de Reynaldo Hilbck Guzmán.
El sistema anticorrupción fue creado en la época de Javier Atkins Lerggios y tiene como función realizar las investigaciones y sugerir las acciones frente a actos de corrupción. Por consenso, se estableció que el funcionario responsable debería ser propuesto por el Consejo Regional. Es lo que sucedió en la época de Atkins y de Reynaldo Hilbck.
En el último tramo de la gestión de Hilbck, se retiró al abogado Jaime Távara Alvarado como secretario técnico del sistema anticorrupción, por el develamiento de lo que realmente sucedía en el proyecto Alto Piura, cuyas obras fueron abandonadas por el Consorcio Obrainsa Astaldi y contando con el silencio de las autoridades regionales.
Frente a lo mencionado, el Consejo Regional anterior incluso con el voto a favor de Eligio Sarango Albújar, se acordó otorgar la confianza a Martínez Gómez para reemplazar a Távara Alvarado, como secretario técnico Anticorrupción. Tras el cambio de autoridades, el indicado funcionario ha logrado cercanía con Servando García y recurriendo a la normativa de personal aplicable al sector público, ninguneó la función de los consejeros.
Esta actitud llevó al retiro de confianza y propuesta de otro abogado para que lo reemplace. La iniciativa se realizó siguiendo los procedimientos anteriores; sin embargo, Servando García rechazó la propuesta y contrariamente a la posición mayoritaria del Consejo Regional decidió designar nuevamente a Martínez Gómez.
Designación de José Manuel Martinez Gomez crea crispación en Gore Piura
La acción administrativa se encuentra contenida en la resolución ejecutiva regional Nº 552 de fecha 10 de julio. Es una decisión legal, pero rompe con la formalidad consensuada entre el ejecutivo y el consejo regional para designar al funcionario que deberá intervenir frente a hechos de corrupción.
El ejercicio de esta atribución por parte del Gobernador, aunque legal, podría generar rechazo del Consejo Regional de Piura y abrir fisuras y conflictos en la gestión del ya cuestionado gobernador Servando García Correa.
