ERP. (Por. Hernando Cevallos Flores) Esta semana, a través de las redes sociales y medios locales, nos enteramos de la aparición de un pacazo -típico reptil piurano- que fue encontrado herido y enredado entre los cables recién instalados en el Parque Santa Isabel, según el relato y las fotografías publicadas por una vecina de la zona.
La publicación nos permitió conocer que dicho parque había sido cerrado y ocupado con cableado eléctrico y estructuras diversas por una empresa para la organización de un festival de luces. Quienes somos piuranos sabemos que este parque, denominado ecológico, además de ser uno de los escasos espacios para la recreación infantil existentes en la ciudad, cobija poblaciones de especies locales, como ardillas, iguanas, pacazos, variedad de aves, y por supuesto, nuestros emblemáticos algarrobos.
Hernando Cevallos Flores, preocupado por situación de Parque Santa Isabel
Ante el reclamo de numerosas personas por este atentado ambiental, en mi calidad de congresista -y también como ciudadano- acogí esta preocupación vecinal y me entrevisté con el gerente de Medio Ambiente de la Municipalidad de Piura, Severín Fashbender, quien en primera instancia me informó que hasta la fecha no se le había requerido opinión para la autorización del festival en el parque. El funcionario se comprometió a resolver el problema de inmediato. Obtuve el mismo compromiso de parte del alcalde Óscar Miranda, vía telefónica.
A la par, solicité un informe al Servicio Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor). En el documento, basado en una visita realizada por sus especialistas, se consigna la posible afectación a la fauna silvestre del parque. Más tarde, pude constatar de manera personal, a través del enrejado (ya que el ingreso estaba asegurado con candado)marañas de cables entre los algarrobos, cajas de electricidad usando los árboles como soporte, numerosas estructuras metálicas, entre otros materiales. Y en medio de toda esta parafernalia, ardillas royendo los cables.
Al día siguiente, ante el silencio y el incumplimiento de las autoridades municipales, solicité de manera formal la intervención del Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especializada en Materia Medioambiental y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). Tras reunirme con la fiscal a cargo, Silvia Rumiche, y la jefa de Oefa, Úrsula Moses, se acordó realizar una inspección al parque para verificar las condiciones y la situación de la flora y la fauna.
Luego de la diligencia, por los medios de comunicación hemos conocido que ambas instituciones han corroborado que los empresarios no cuentan con autorización municipal, y sin embargo, se encuentran ocupando este espacio público de manera exclusiva, a puertas cerradas, y sin acceso a la comunidad.
Entre tanto, y siempre a través de los medios, hemos escuchado y leído también las contradictorias versiones de representantes de la Municipalidad. Mientras la gerenta de Cultura declara que la autorización la dio la Junta Vecinal de la urbanización Santa Isabel, esta misma junta emite comunicados de respaldo al festival, señalando a la municipalidad como organizadora. Y en un comunicado oficial, el alcalde provincial niega haber otorgado permiso, cuando en la data existente se puede comprobar que la municipalidad a fines de noviembre, anunciaba la realización de este festival, en el marco de un convenio con la empresa promotora del evento.
Fauna silvestre del parque Santa Isabel de Piura
Quiero dejar en claro que no estoy en contra de la realización del festival, que según ha trascendido busca difundir la cultura china y al oso panda, una especie en vías de extinción. Lo que resulta inaceptable, para la mayoría de la población con un mínimo de respeto y empatía con los seres vivos, es que la municipalidad, responsable de la protección de nuestro medio ambiente y del respeto a nuestros espacios públicos permita que un evento masivo se organice en un espacio natural y hábitat de flora y fauna, y lo que es peor, sin la mínima previsión del impacto negativo en sus habitantes.
Desde mis funciones de representación y fiscalización congresal, y desde mi compromiso personal con la defensa medioambiental, continuaré desplegando los esfuerzos que sean necesarios para frenar este atentado contra la naturaleza. Este lunes estaré presentando una denuncia penal contra las autoridades y funcionarios municipales que resulten responsables de estos actos.
Este caso debe llamarnos también a la reflexión con relación al correcto uso y aprovechamiento sostenible de los espacios públicos y áreas verdes de nuestra ciudad, cuyo cuidado debe estar por encima de intereses grupales y empresariales. Las áreas públicas no pertenecen al alcalde, a una gerenta o a una junta vecinal. Los espacios públicos son de toda la población piurana y, por tanto, la población tiene el derecho y el deber de expresarse en defensa del medioambiente y denunciar cuando se le pone en riesgo. Debemos avanzar hacia la construcción de una sociedad más participativa y comprometida con su entorno, y eso incluye una convivencia respetuosa con las especies cuya subsistencia depende del accionar humano.
