ERP. La Contraloría General detectó que en los años 2022 y 2023, funcionarios de la Universidad Nacional de Tumbes destinaron presupuesto asignado a los Servicios de Apoyo al Estudiante (SAAE), a cargo de Bienestar Universitario, para adquirir bienes y servicios por más de S/210 mil con fines distintos a los previstos legalmente, lo que afectó la disponibilidad presupuestal y el cumplimiento de metas en beneficio de los estudiantes de pregrado.
Es preciso señalar que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estableció que con el producto SAAE solo se deben atender los servicios relacionados a apoyo académico (problemas de aprendizaje, bajo rendimiento), servicio de bienestar social (centro médico, comedor universitario, transporte), servicios educacionales complementarios (semillero de investigación, incubación de empresas, actividades culturales, mecanismos de mediación e inserción laboral).
En base a ello, el informe N.º 023-2024-2-3550-SCE, reveló que en el 2022 se emitieron 46 comprobantes de pago para la compra de bienes y servicios que no guardan vínculo con las actividades del SAAE, por la suma de S/168 582.40. Entre los conceptos pagados se encuentran la adquisición de alimentos para ceremonias protocolares, eventos de responsabilidad social, diplomas de bachiller, refrigerios, almuerzos, contratación de personal (asistentes), entre otros.
Los requerimientos fueron de las oficinas de Relaciones Públicas y Comunicaciones, Secretaria General, Asesoría Jurídica, Rectorado, etc., continuando el trámite en Administración y Abastecimiento quienes propusieron la certificación de crédito presupuestario, suscrito por la jefa de Abastecimiento y aprobado por el jefe de Presupuesto, sin emitir observación alguna, pese a que la justificación no tenía vinculación con las actividades del SAAE, a cargo de Bienestar Universitario.
Además, en el 2023 se emitieron 18 comprobantes de pago por S/42 014.20 para actividades que no guardan relación con el Servicio de Apoyo al Estudiante, tales como compra de bidones de agua, alimentos, carpetas, tóners, contratación de personal administrativo, legal, etc.
Asimismo, solicitudes realizadas por Recursos Humanos, Admisión, Postgrado, Contabilidad, entre otros. El procedimiento fue el mismo y contó con la propuesta y aprobación de los jefes de Abastecimiento y Presupuesto.
El dato:
Durante el 2022 y 2023 la Dirección de Bienestar Social efectuó requerimientos a Administración, los cuales fueron atendidos en parte y algunos no atendidos, teniendo como consecuencia que la dirección no alcanzó el 100% en la ejecución de metas físicas programadas en el Plan Operativo Institucional (POI).
Tras las irregularidades determinadas, se identificó presunta responsabilidad en tres funcionarios, dos por el proceso administrativo funcional de la entidad y uno con penal y bajo el Proceso Administrativo Sancionador de Contraloría.