Mediante pronunciamiento público de la Sala Plena de la Corte Suprema
Lima. Mediante pronunciamiento público, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia reafirma el compromiso institucional de sancionar con toda la fuerza de la ley a quienes resulten responsables de un acto de corrupción en el Poder Judicial.
Precisa que los procesos disciplinarios deben garantizar tanto el respeto de los derechos fundamentales de quienes son investigados, como las justas expectativas del sistema jurídico y de la sociedad ofendida por la comisión de aquellos actos.
En ese sentido, envía un mensaje de confianza a la ciudadanía señalando con firmeza que la institución se encuentra siempre vigilante de la actuación de sus jueces y personal jurisdiccional, garantizando así su desempeño independiente e imparcial.
Rechaza, sin embargo, cualquier generalización infundada que cuestione la actuación institucional del Poder Judicial y la honorabilidad de los jueces a partir de investigaciones en curso contra algunos magistrados.
“La corrupción a la que puedan haber cedido algún o algunos jueces del país, individual o grupalmente, y cualquiera sea la modalidad bajo la cual ello se hubiere producido, no es un demérito que afecta a toda la organización judicial, pues no refleja, en modo alguno, el proceder de todos los jueces”, se remarca.
El pronunciamiento también enfatiza que la Presidencia de este poder del Estado no sólo está comprometida con brindar un servicio de justicia transparente, confiable, oportuno y eficiente, sino también con impulsar enérgicamente las acciones tendientes a erradicar la corrupción.
Entre las medidas que el Poder Judicial viene tomando para enfrentar esta lacra, se menciona la suspensión efectiva de distintos jueces que comprobadamente han incurrido en actos de corrupción, solicitando su destitución al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
De igual manera, la reducción de la provisionalidad, para lo cual se ha requerido al CNM la cobertura de 492 plazas vacantes de jueces en los diversos niveles, así como el fortalecimiento de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) y las Oficinas Desconcentradas de Control de la Magistratura (Odecma).
