ERP. Mediante una operación que llamó la atención, se detuvo a un ex magistrado supremo peruano y varios allegados a la presunta mafia de Rodolfo Orellana; transcurrido el plazo de investigación fueron liberados en una decisión que para muchos no es conveniente por los riesgos que existen y por los comprobados nexos con la corrupciòn.
Frente a ello, el fiscal superior contra el lavado de activos, Frank Almanza, advirtió hoy que existe el peligro de fuga del exjuez Robinson Gonzales y otras personas presuntamente vinculadas al procesado Rodolfo Orellana.
Comentó que la decisión del Poder Judicial (PJ) de revocar la detención preliminar de Robinson Gonzales y otras personas, ha generado desconcierto en el equipo de fiscales encargados de combatir a esa actividad ilícita.
"Esta decisión del Poder Judicial nos ha causado enorme desazón, incertidumbre, e indignación a los fiscales contra el lavado de activos", aseveró .
Advirtió que en este momento los integrantes del "brazo legal" de Orellana deben estar en la clandestinidad, producto de la decisión de la Sala Penal de Apelaciones del Poder Judicial.
Remarcó que el hecho de que Robinson esté implicado en una organización criminal es suficiente fundamento para que se ordene su detención preliminar.
"Se busca asegurar la presencia de estas personas en el proceso porque en este mismo caso, hemos visto que los procesados Benedicto Jiménez y Rodolfo Orellana se fugaron del país y los tuvimos que traer. En estos casos hay un peligro de fuga evidente porque es una red criminal", declaró en RPP.
La Sala Penal Nacional de Apelaciones revocó el viernes la orden de detención preliminar impuesta contra el ex vocal supremo Robinson Gonzales, y seis personas más, por sus presuntos vínculos con Orellana.
Además del exmagistrado, salieron libres su hija, Olga Gonzales, Blanca Paredes, Jorge Luis Reyes Matos, Tomás Enrique Torrejón Guevara, Jhony Sánchez Sánchez, el ex jefe de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, Álvaro Delgado.
Para Almanza, la liberación de Gonzales y otros implicados en la red Orellana, causa preocupación en el Ministerio respecto a labor contra el lavado de activos.
"Somos un equipo de fiscales que ha trabajado durante meses para combatir a la red más grande de los últimos años, y esta decisión judicial genera desconcierto", acotó.
