ERP. La Defensoría del Pueblo y la Conferencia Episcopal Peruana lamentaron el perjuicio que la huelga de maestros ha causado a millones de escolares, e invocaron a las autoridades del Poder Ejecutivo y a los profesores a poner fin al conflicto en el sector educativo.
Mediante un comunicado conjunto, ambas instituciones señalaron que los profesores y autoridades gubernamentales no deben perder de vista que la educación pública es un derecho innegociable de los estudiantes. Además, frente a varias semanas de huelga de maestros, refirieron que la principal finalidad de la educación es la formación integral del ser humano, por lo que debe ser impartida con responsabilidad y oportunidad.
“Negarla, postergarla o afectar su calendarización es una injusticia y al mismo tiempo una violación de un derecho fundamental que afecta a los alumnos de menores recursos y los pone en una mayor desventaja”, se indicó en la comunicación.
Agregaron que la extensión de este conflicto es la peor lección que autoridades y profesores pueden dar a la niñez y adolescencia del país. Por ello, consideraron un ineludible compromiso con nuestra sociedad y un imperativo ético y moral poner fin a la huelga de maestros.
Voluntad La resolución de la huelga magisterial debe lograrse a partir de la voluntad de los actores de priorizar el derecho a la educación de los estudiantes y armonizarlo con el derecho de los maestros a tener una profesión valorada por el Estado y la sociedad, mencionaron.
“Reconocemos los logros alcanzados por el magisterio y el Poder Ejecutivo, al mejorar las condiciones laborales y remunerativas; y, los alentamos a que continúen en la valoración profesional de los maestros basada en el fortalecimiento de la carrera pública magisterial”.
En tal sentido, reafirmaron su exhortación a las autoridades y docentes, a fin de que hagan su máximo esfuerzo para llevar acabo un diálogo genuino y eficaz que permita encontrar la mejor manera de implementar la política educativa.
La Defensoría del Pueblo y Episcopado tienen como centro de atención a la persona humana, la protección de sus derechos y las bases éticas de su desenvolvimiento en la sociedad.
