Ente electoral propone aprobar Ventanilla Única de Antecedentes de Aportantes
Lima. Un total de 3,876 personas que aportaron a las organizaciones políticas durante las elecciones regionales y municipales del 2014 presentaban deudas financieras, algunas de ellas significativas, informó hoy la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), entidad que tiene a su cargo la verificación y control de las finanzas partidarias.
De ese total 31 tenían deudas con el sistema financiero por montos desde un millón hasta diez millones de nuevos soles, de acuerdo al segundo reporte de la Coalición Interinstitucional implementada por la ONPE con la finalidad de verificar quiénes son los financistas de las organizaciones políticas.
Asimismo, 2,261 aportantes del total antes mencionado tenían deudas financieras de hasta 10 mil nuevos soles; otros 1,302 presentaban deudas de hasta 100 mil nuevos soles; mientras que 282 aportantes contaban con deudas de hasta un millón de nuevos soles.
Esta información, publicada en el boletín Reporte Electoral, fue obtenida tras contrastar una lista de 6,405 aportantes remitidos por las organizaciones políticas a la ONPE con el reporte crediticio enviado a la Superintendencia de Banca y Seguros por las empresas del sistema, en virtud a un convenio suscrito entre ambas entidades.
El organismo electoral también firmó convenios con otras instituciones del Estado como el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec); Ministerio de Justicia, Ministerio Público, entre otras instituciones, a afectos de fortalecer su labor de verificación y control de las finanzas partidarias, mediante una Coalición Interinstitucional.
Estos acuerdos de cooperación permitieron contrastar la lista de aportantes presentada por cada organización política en la rendición de sus cuentas con las bases de datos de estas instituciones. Así se determinó, por ejemplo, que 385 aportantes consignados no se encuentran identificados en el padrón del Reniec.
Asimismo, se detectó que 146 ciudadanos hicieron aportes a organizaciones políticas por encima de su rango remunerativo. También se verificó que 77 aportantes tenían antecedentes policiales por diversos delitos, entre ellos, terrorismo, tráfico de drogas, extorsión, lavado de activos, proxenetismo, violación, delitos contra el honor sexual, entre otros.
Otros ocho aportantes ya habían sido sentenciados por la justicia peruana, mientras que 42 personas que financiaron a organizaciones políticas se encontraban denunciadas ante el Ministerio Público por diversos presuntos delitos.
Ventanilla Única de Aportantes
Ante esta realidad, la ONPE expresó su respaldo al proyecto presentado en el Congreso de la República que propone crear por ley una Ventanilla Única de antecedentes de los aportantes a las campañas electorales, que proveerá información a las organizaciones políticas sobre quienes financian sus campañas.
De acuerdo a esta iniciativa, los partidos entregarán a la ONPE su rol de financistas para que el organismo electoral lo filtre con las bases de datos de diversas instituciones del Estado, para radiografíar los antecedentes de los financistas y conocer cuál es su situación jurídica, financiera, penal, etc.
De esta manera, los partidos, que hoy no tienen los instrumentos ni capacidades para investigar los antecedentes de quienes aportan a sus campañas, podrían contar con esa información.
Con ese mecanismo, similar al aprobado para verificar los antecedentes de los candidatos, se puede contribuir a evitar la eventual infiltración de recursos del narcotráfico y otras actividades ilícitas, pues los antecedentes de todos los aportantes serán escaneados. Así se puede disuadir a cualquier persona vinculada a actividades ilícitas de entregar fondos a una campaña, pues sus antecedentes y situación legal serán conocidos.
El organismo electoral reafirmó, asimismo, su pedido para que el Congreso de la República discuta y debata la propuesta de reforma electoral para fortalecer la verificación y control de los fondos partidarios, que contempla un cuadro más preciso de infracciones –hoy no tipificadas- y sus respectivas sanciones.
La iniciativa contempla multas que van de 3 a 20 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) e, incluso, plantea la cancelación de la inscripción de la organización política que incumpla una resolución firme de sanción, producto de la verificación y supervisión de fondos partidarios.
