ERP. La Sala Penal Especial de la Corte Suprema integrada por el Dr. José Neyra Flores, Dra. Norma Carbajal Chávez y Dr. Iván Guerrero López , dio inicio del juicio oral contra el expresidente de la República, Pedro Castillo Terrones, y otros acusados por el delito de rebelión. El ministerio Público solicita 34 años por el intento de golpe de Estado, que solo significó leer un documento, ya que dicha acción no fue a más.
Castillo Terrones, que para muchos ciudadanos es un "dictador" fue elegido constitucionalmente, hasta que el 7 de diciembre del 2022, decidió leer un mamotreto, donde daba un golpe de Estado, el cual no se materializó al no haber logrado el apoyo de las Fuerzas Armadas y otras instituciones; al contrario, el Congreso, que buscaba cesarlo por diferentes motivos, encontró las razones para vacarlo.
Detenido por flagrancia, Pedro Castillo, se encuentra recluido en el Penal de Barbadillo, el mismo que fue usado por el difunto Alberto Fujimori. Castillo es acusado de rebelión y le solicitan 34 años de cárcel, en tanto que las penas para sus presuntos cómplices oscilan entre 25 y 15 años. La Fiscal a cargo del proceso, sustentó su acusación fiscal y detalló los elementos de convicción que han sido recogidos; en el detalle, se precisa que quien redactó el mamotreto fue Aníbal Torres.
Además del exmandatario, los otros acusados son: Betssy Chávez Chino, Willy Huerta Olivas, Aníbal Torres Vásquez, Manuel Lozada Morales, Justo Venero Mellado y Eder Infanzón Gómez, a quienes la Fiscalía también les atribuye el delito de Rebelión.
Asimismo, el Tribunal declaró reo contumaz al acusado Eder Infanzón Gómez, quien no presentó de manera presencial ni virtual a la audiencia, pese a que fue notificado de manera correcta, y dispuso su conducción de grado o fuerza al juicio oral. Por disposición del tribunal, la fiscal adjunta suprema Galinka Meza Salas expone su acusación (hechos, delitos y circunstancias) contra los siete acusados.
Posteriormente, el representante de la Procuraduría General del Estado, Mario Camacho Lazarte, sustentó la reparación civil que los acusados deberán pagar, en caso sean sentenciados, por un monto de 65 419 038. 53 millones de soles por daños patrimonial y extrapatrimonial causados al Estado.
El exmandatario, acosado por las actuales fuerzas que gobiernan el país, es decir Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular, y otros pequeños grupos, en primera instancia no acreditó abogado alguno a lo que la -sala Penal Especial, le asignó un defensor de oficio.
