ERP. El Poder Judicial declaró improcedente la ejecución de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el caso del indulto de Alberto Fujimori. Esto consta en la resolución emitida por el titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Ica, Vicente Fernández.
El documento indica que no puede ejecutarse la sentencia que el Tribunal Constitucional emitió respecto al habeas corpus que planteó la defensa del exmandatario. Se indica que esto no procede, puesto que la demanda de habeas corpus correspondiente a este caso no ha sido estimada por el Juzgado de Investigación Preparatoria que encabeza el juez Fernández.
Durante las últimas 48 horas y en tanto el país se informó de presuntos actos de corrupción de la Fiscal de la Nación, el Tribunal Constitucional constituido en gran parte por conservadores, envío un auto precisando que no existía nada que aclarar; parte de ellos sustentaron que Fujimori debería ser liberado, en tanto que otros especialistas consideran que debe respetarse lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En la resolución se dispone, en tal sentido, devolver todo lo actuado al Tribunal Constitucional junto a una nota de atención para que dicha institución proceda conforme a ley en cuanto a la ejecución de la sentencia estimatoria emitida dentro del proceso de hábeas corpus referido a la libertad de Fujimori.
“El órgano jurisdiccional a mi cargo no está facultado para ejecutar sentencias estimatorias que no expidió”, señala el juez Fernández en la resolución.
Del mismo modo, indica que la instancia a su cargo -“si fuese el caso”- sí está habilitada “para poder ordenar la actuación inmediata de una sentencia estimatoria de primer grado, que no es el caso que nos ocupa”.
Grupo de Fujimoristas trataron mediáticamente de presidionar al órgano jurisdiccional, en clara contravención con lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos,de la la cual forma parte el Estado peruano. Muchos de ellos, reclaman que se incumpla, aunque las víctimas de las matanzas habidas en la época de Fujimori, esperan ser proteguidos y no se admita la libertad del concenado a 25 años de cárcel.
#LOÚLTIMO Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica declara improcedene la ejecución de la sentencia N° 78-2022, de fecha 17 de marzo del 2022, concretamente la libertad de Alberto Fujimori, por parte de su despacho por no haber sido estimada la demanda de habeas corpus pic.twitter.com/9U64AxfLKh
— Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) December 1, 2023
Argumentos de la resolución
Entre los considerandos de la resolución, el juez señala que el proceso constitucional sobre el habeas corpus presentado “se encuentra concluido en última y definitiva instancia ante la jurisdicción constitucional interna”, habiéndose pronunciado en éste el Tribunal Constitucional a favor de la libertad del exgobernante.
El magistrado recuerda, por tanto, que no han sido los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial los que emitieron sentencia estimatoria declarando fundada la demanda de habeas corpus de Fujimori. “Por el contrario, han declarado improcedente dicha demanda”, señala.
Em ese sentido, y remitiéndose al artículo 27 del Nuevo Código Procesal Constitucional (Ley 31307), el juzgado que Fernández encabeza “carece de competencia para poder ejecutar la sentencia estimatoria que ha sido expedida por el Tribunal Constitucional en última y definitiva instancia constitucional”.
Reafirma, por tanto, que es dicha institución la que debe emitir pronunciamiento sobre la ejecución de la sentencia estimatoria sobre el habeas corpus, “más no así el juzgado donde se originó” dicha demanda.
Asimismo, en la resolución, el juez indica que, a la falta de competencia del juzgado judicial para ejecutar una sentencia estimatoria sobre procesos de habeas corpus, se suma el hecho de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido desde marzo del año pasado resoluciones de supervisión sobre la sentencia del Tribunal Constitucional a favor de Fujimori, disponiendo que el Estado Peruano se abstenga de aplicar esta.
En torno a ello -señala el juez Fernández en su resolución- corresponde al Tribunal Constitucional “dilucidar tal incertidumbre”, estableciendo cómo deben tomarse esos pronunciamientos de la referida instancia supranacional. Se reafirma, por tanto, que el despacho judicial que él encabeza “carece de competencia” para ello.
