ERP. Ante la próxima audiencia de una demanda de inconstitucionalidad presentada contra la Ley N° 31288, que aplica sanciones firmes para los casos de corrupción e inconducta funcional en las entidades públicas, la Contraloría señaló que su aprobación amenazaría gravemente la lucha contra la corrupción.
A través de un comunicado, la entidad informó que dicha demanda contra la Ley N° 31288, que ha restituido la capacidad sancionadora a la Contraloría, fue presentada ante el Tribunal Constitucional (TC) el pasado 26 de julio de 2021.
Dicho dispositivo legal estableció 32 infracciones administrativas restituyendo a la Contraloría la capacidad de sancionar, con efectividad, a los malos funcionarios y servidores públicos.
Así, de acuerdo con la entidad, el declarar fundada la ya mencionada demanda supondrá un lamentable retroceso en el esfuerzo de varias instituciones y la sociedad en su conjunto por enfrentar decididamente a la corrupción, dejando sin sanción administrativa a los casos de corrupción e inconducta funcional detectados.
Ello debido a que mandaría al archivo todas las responsabilidades identificadas por la Contraloría General desde la vigencia de la ley, que incluyen hechos graves como el favorecimiento a empresas constructoras por parte de 26 funcionarios del Fondo Mivivienda (caso Marka Group), que provocaron perjuicio económico al Estado superior a S/ 33 millones, y dejaron sin vivienda a más de 2 mil familias.
Otro de los casos sería las irregularidades en la adjudicación del Puente Tarata en la región San Martín, cuya inversión supera los S/ 300 millones; así como los hechos denunciados en la adjudicación para la compra de Biodiesel por parte de ex funcionarios de PetroPerú, cuyos actos provocaron un perjuicio superior a los US$ 2 millones.
Adicionalmente, una sentencia a favor de la inconstitucionalidad de dicha ley implicaría también que las resoluciones de archivamiento puedan ser usadas por cuestionados funcionarios y servidores públicos ante el Sistema de Justicia para argumentar la nulidad de sus investigaciones, y así lograr impunidad por los hechos detectados.
La demanda será analizada por el TC el próximo lunes 24 de agosto, la misma que se sustenta en planteamientos que ya han sido salvaguardados por la Ley N° 31288 como el derecho a la defensa, los principios de legalidad (sub principio de tipicidad) y proporcionalidad de la sanción.
Así, la Contraloría reafirmó que la pretensión de la inconstitucionalidad de la norma favorece a los malos funcionarios y servidores públicos, socavando la legitimidad del Estado, generando un mayor daño social, económico y desconfianza en la ciudadanía.
Finalmente, la entidad ratificó que la Ley N° 31288 cumple con los estándares de constitucionalidad y contribuye adecuadamente a luchar contra la corrupción, la impunidad y le permite al Estado sancionar efectivamente a los malos funcionarios por el grave daño causado a todos los peruanos.
