ERP. La represión indiscriminada aplicada por el gobierno de Dina Boluarte Zegarra podría llevar a sentencias de lesa humanidad. Un grupo de abogados, tras analizar los más de 50 muertos, decidió presentan una denuncia penal contra la presidenta sucesoria, el actual presidente del Consejo de Ministros Alberto Otárola y otros ministrosm por la presunta comisión de crímenes de genocidio y lesa humanidad durante las protestas ocurridas desde el 7 de diciembre del 2022.
Como se tiene conocimiento, desde la elección de Pedro Castillo Terrones, hubo una sistémica campaña para defenestrarlo del cargo, presentando pedidos de vacancia sin argumentos y motivación constitucional; en la última, el mandatario constitucional decidió romper el Estado de derecho, creando un estado de excepción, lo que fue aprovechado para decidir la sucesión presidencial.
Cuando aparentemente todo estaba normal, la población del sur inició sendas protestas y centraron sus pedidos en exigir la renuncia de Dina Boluarte, exigir elecciones lo más pronto posible e incluso, pedir que se consulte a la población si está de acuerdo con una nueva constitución. Frente a ello, la mandataria declaró el estado de emergencia y autorizó la participación de las Fuerzas Armadas.
Se han presentado muertes en Ayacucho, Huancavelica, Arequipa, Cusco, Puno y otras jurisdicciones. Estas muertes aún siguen impunes y el gobierno persiste en su acción represiva e indolente.
Esta situación llevó de inmediato a muertes de los protestantes como consecuencia de la represión; sin embargo, el Congreso de la República, en lugar de pedir la determinación de responsabilidades, avaló estas acciones. La mayor parte de las personas muertes, fueron por bala, usada únicamente por las fuerzas policiales, aunque Dina Boluarte ha pretendido crear el argumento de balas diferentes a las oficiales.
De acuerdo a la información publicada en el Diario La República, las autoridades, vía la declaración de estado de emergencia nacional, “vienen ordenando y ejecutando una política sistemática de represión desbordada en contra de la población civil, generando un contexto en el cual se ha producido la muerte de más de medio centenar de personas y miles de heridos”.
Precisan en sus argumentos, que “Los manifestantes se han declarado en justo levantamiento —sin armas—, realizando la toma de carreteras, minas, aeropuertos, locales, universidades, etc., exigiendo la renuncia de la presidenta, una asamblea constituyente que elabore una nueva Carta Magna, el cierre del Congreso, adelanto de elecciones generales, entre otros”.
El grupo de letrados también incluye en su denuncia penal a los congresistas Jorge Montoya y Patricia Chirinos, por calificar a los protestantes de “terroristas y criminales”. Los acusan de instigar y convocar la represión por parte de las fuerzas del orden.
Otra autoridad denunciada es la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por desmantelar el subsistema de Derechos Humanos, Interculturalidad y Terrorismo. “Con la creación y división de las fiscalías señaladas líneas arriba, se reduce la capacidad operativa para investigar las 52 muertes por disparos de armas de fuego, que se han producido durante las protestas ciudadanas.”
Finalmente, la denuncia incluye al comandante general de la Policía Nacional del Perú, Raúl Alfaro, por las cuestionadas intervenciones a los locales de Nuevo Perú y de la Confederación Campesina, con el fin de intervenir a manifestantes de regiones.
