ERP. El Perú se desangra y la población sepulta a las personas asesinadas por un política represiva cruel e inmisirecorde del gobierno de Dina Boluarte. En la región Puno, se concentraron para dar cristiana sepultura a las 17 personas que cayeron bajo el impacto de las balas; en tanto que en Cusco y Tacna, el descontento se expresó mediante movilizaciones y también actos vandálicos.
En Cusco, los manifestantes tuvieron una actitud pasiva en algunos casos vitoreando sus planteamientos y pedidos y violenta en otras, por ejemplo, quemando una caseta del terminal de esta región. Asimismo, se exigió que los comerciantes cerraran sus negocios y unirse a la marcha. Se confirmó un muerto más en esta ciudad, el cual eleva la cifra total de asesinatos perpetrados por la represión.
La crisis que se vive se informa de dos maneras, la difusión de los medios de la concentración para quienes los inconformes con e gobierno de Dina Boluarte, son terroristas o promovidos por estos; en tanto que desde provincias el enfoque es mucho más real y objetivo.
Frente a lo sucedido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recoge evidencias de lo sucedido en el país, en tal sentido dialogó con el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, así como familiares de las víctimas. Pese a lo realmente sucedido, el Poder Ejecutivo, sigue incólume a las protestas y radicalizando las medidas de fuerza mediante el uso de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales.
La población que protesta en el sur peruano, pide que renuncie Dina Boluarte, una presidente sucesoria que se mantiene con el apoyo de las Fuerzas Armadas y Policiales, además de fuerzas políticas del Congreso vinculados a la derecha y extrema derecha. Asimismo, piden el cierre del Congreso, convocatoria a un referéndum para la convocatoria de una asamblea constituyente y nuevas elecciones generales de la manera más inmediata.