ERP. La Fiscalía de la Nación solicitó al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria que dicte 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo Terrones y el exjefe del gabinete Aníbal Torres Vásquez por los presuntos delitos de rebelión y conspiración en el que habrían incurrido en el intento de golpe de Estado,según se informó en medios de comunicación nacional.
Castillo Terrones, cumple este miércoles 14 de diciembre los 7 días de detención preliminar; sin embargo, se planteó esta solicitud que deberá resolver el magistrado supremo Juan Checley Soria. El expresidente es investigado por los delitos de rebelión y conspiración, al haber pretendido establecer un gobierno de excepción, que implicaba la disolución del Congreso e intervención de los poderes del Estado.
De acuerdo a los cargos que se le imputan al expresidente Castillo es el de ser coautor del delito contra los Poderes del Estado y el Orden Constitucional en la modalidad de rebelión, previsto y sancionado en el artículo 346 del Código Penal en agravio del Estado y alternativamente del delito contra los Poderes del Estado y el orden constitucional- Conspiración, ilícito penal previsto y sancionado en el artículo 349 del Código Penal, como presunto autor del delito contra la Adminiración Pública en la modalidad de abuso de autoridad.
La sorpresa de este pedido, es la incorporación del expremier Aníbal Torres Vásquez, quien antes de conocer esta medida y al ser incorporado en la investigación precisó que se iba a la clandestinidad, para proteger su libertad. Antes de la solicitud de prisión preventiva, el juez supremo Chckley soria, aprobó la formalización de la investigación preparatoria contra el exjefe de Estado y el expresidente del Consejo de Ministros.
De acuerdo a lo previsto Checkley Soria, en un plazo no mayor de 48 horas, deberá convocar a una audiencia para evaluar el pedido del Ministerio Público. En tanto, la detención preliminar dictada contra Castillo Terrones se extenderá hasta que se emita el fallo correspondiente. Esta situación va en contrasentido de lo anunciado por el expresidente, quien en sus redes sociales anunció que estará saliendo libre tras el cumplimiento de la detención preliminar.
En tanto que el proceso de investigación a cargo del Ministerio Público sigue adelante, diversas organizaciones sociales, vienen anunciando una movilización en todo el país, pidiendo la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, elecciones generales y nueva Constitución. Todos estos pedidos tendrá que adoptarlos el Congreso, entidad cuyos integrantes son considerados como los verdaderos golpistas.
