ERP. Tras conocer los actos de acoso y hostigamiento sufridos por las periodistas Jackeline Fowks, Claudia Cisneros y Paola Ugaz, por el ejercicio de sus labores en el actual contexto de espera de los resultados definitivos de las elecciones generales de la segunda vuelta, la Defensoría del Pueblo realizó un pronunciamiento público para rechazar este tipo de hechos que afectan la libertad de expresión.
El pronunciamiento es el siguiente:
- Rechazamos todo acto de violencia o amenaza contra mujeres y hombres de prensa en el ejercicio de su labor profesional, por lo que son inaceptables los mensajes que incitan el acoso y el hostigamiento que circulan en las redes sociales. Estos hechos deben ser denunciados e investigados por las autoridades competentes con la mayor celeridad posible, para evitar cualquier afectación a la integridad y límite del ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información.
- Recordamos que, en democracia, es indispensable el intercambio de ideas, de tal forma que se garantice y fomente la libre deliberación pública en un marco de respeto y tolerancia por aquellas opiniones o discursos de las que podamos disentir. Este respeto incluye a las/os mismas/os comunicadoras/es que forman parte de esa pluralidad informativa.
- Los discursos estigmatizantes afectan el sistema democrático, generan violencia y alientan actos de discriminación. En un contexto electoral como el que estamos viviendo, este problema se torna más grave aún, puesto que la tensión política puede exacerbar los ánimos y convertirse en actos de violencia física o verbal.
- La garantía para ejercer la labor periodística se fundamenta no solo en la normativa nacional, sino en documentos internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Al respecto, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, afirma que las situaciones de violencia afectan principalmente a las mujeres periodistas, pues enfrentan riesgos adicionales y específicos en razón de su género y otros factores de discriminación.
- El Estado en su conjunto tiene el deber de garantizar la especial protección del derecho a ejercer libremente la profesión periodística, pues ello no solo garantiza la información de la ciudadanía, necesaria en este contexto electoral, sino que permite una democracia más fortalecida y con mayor tolerancia.
- Ante el incremento de los actos de violencia y amenazas, consideramos necesario que las candidaturas que forman parte del actual proceso electoral enfaticen su rechazo a estas situaciones. Asimismo, la sociedad en su conjunto debe pronunciarse en contra de todas estas prácticas y denunciarlas oportunamente.
