ERP. El contralor general Nelson Shack anunció el despliegue de acciones de control posterior que permitirán identificar las irregularidades cometidas por funcionarios públicos durante la emergencia sanitaria COVID-19, así como en otros tipos de ejecución presupuestal en el sector público, y determinar sus presuntas responsabilidades administrativas, civiles o penales.
Durante su presentación virtual ante la Comisión de Descentralización del Congreso de la República, adelantó que las mencionadas acciones ya se han iniciado. En total se han programado hasta diciembre próximo 1580 servicios de control posterior, de los cuales 191 serán auditorías de cumplimiento y 1389 informes de control específico que se van a desarrollar en Lima y en todas las regiones del país.
“Hasta el mes de junio solo vimos temas relacionados al COVID-19, pero a partir de agosto hemos empezado a centrar nuestro foco de atención en el control posterior de dichos casos y de otros referidos al uso de recursos públicos donde hemos identificado, como resultado del control simultáneo, indicios de irregularidades en distintos sectores y niveles de gobierno”, señaló Shack, al tiempo de indicar que se continuará en paralelo con el control a la emergencia sanitaria, hasta su culminación.
Precisamente, destacó que hasta la fecha la Contraloría General ha emitido un total de 10 006 informes, de los cuales 4266 fueron de control concurrente, 1772 visitas de control, 4002 orientaciones de oficio, 2 controles previos y 14 controles posteriores, sobre sobre situaciones y alertas identificadas como resultados del control COVID-19 en los gobiernos locales, el gobierno nacional y gobiernos regionales.
Megaoperativos
Asimismo, el contralor general anunció que a fines de setiembre se retomará el megaoperativo de control con enfoque regional en Cajamarca (que se inició en marzo y quedó suspendido por el inicio de la pandemia) y se iniciará una acción similar en Tumbes. Para octubre, noviembre y diciembre están programados megaoperativos de control en Callao, Ucayali y Áncash, respectivamente.
Los megaoperativos de control consisten en el despliegue masivo de auditores para realizar actividades de control simultáneo en las entidades públicas de una determinada región, para evaluar, de forma oportuna e integral, y alertar sobre el uso indebido de recursos públicos.
Durante la sesión parlamentaria, Shack Yalta sustentó la importancia de que se apruebe el proyecto de ley N° 3292-2018/CGR que propone incorporar como causales de vacancia y suspensión de autoridades regionales y locales, tener una sanción administrativa firme de suspensión o inhabilitación para el ejercicio de la función pública, como consecuencia del Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) a cargo de la Contraloría General, siempre que el plazo de la comisión impuesta sea igual o mayor al periodo que le resta de su mandato. Puntualizó que dicha iniciativa sería aplicable si el Congreso de la República restituye previamente las facultades sancionadoras del organismo superior de control.
