ERP. La Defensoría del Pueblo solicitó a la Presidencia del Consejo de Ministros, mediante una comunicación oficial, aprobar un plan especial que contenga los lineamientos y protocolos para implementar el traslado de personas entre Lima y regiones, en el marco del Decreto Supremo N° 068-2020-PCM.
Asimismo, la institución de derechos humanos solicitó a las autoridades establecer un mecanismo nacional y ordenado de empadronamiento, que permita identificar la situación de vulnerabilidad de quienes solicitan su retorno y, en particular, priorizar la atención de niñas, niños y adolescentes; gestantes; personas con discapacidad y adultos mayores.
Walter Gutiérrez Camacho, Defensor del Pueblo, ha planteado, reiteradamente, la necesidad de atender el derecho al retorno en situación de emergencia. Es más, hace dos semanas, la Defensoría del Pueblo envió una comunicación oficial solicitando la implementación de acciones y medidas concretas.
Defensor del Pueblo invoca atención de personas varadas
La entidad pública solicita que los gobiernos regionales ejecuten acciones de cuidado sanitario durante los traslados interregionales e intrarregionales, en coordinación con las autoridades locales, y realicen un trabajo conjunto con el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), identificando con diligencia los albergues destinados a la cuarentena de quienes arriben a su lugar de destino.
La Defensoría del Pueblo requirió que los medios de transporte sean desinfectados previamente a cada viaje y que cuenten con los elementos de seguridad que hagan posible un desplazamiento seguro (control de velocidad, cinturones de seguridad, SOAT). Igualmente, solicitó cautelar la distancia entre las personas movilizadas, el uso de mascarillas, la aplicación de desinfectantes y la entrega de alimentos. La entidad también pidió priorizar la habilitación del traslado de personas vía aérea cuando se trate de mayores distancias.
La institución de derechos humanos resaltó la necesidad de dotar a los gobiernos regionales y locales de los recursos económicos suficientes para cubrir los gastos de contratación de los medios de transporte, el acondicionamiento de albergues y la adquisición de alimentos para las personas en cuarentena, así como proporcionar la cantidad suficiente de pruebas de descarte del COVID-19 para las personas que sean trasladadas a sus lugares de destino.
La Defensoría del Pueblo señaló que el éxito de esta tarea recae en los niveles de coordinación que existan entre las autoridades nacionales y los gobiernos regionales, pues de otro modo será imposible garantizar que los pasajeros, que lleguen a su destino, sean sometidos a pruebas rápidas, cumplan la cuarentena y sean debidamente atendidos.
Finalmente, la institución pública señaló que los traslados humanitarios deben autorizarse exclusivamente en los casos en los que esté justificado el retorno. Por ello, hizo un llamado a la responsabilidad de ciudadanas y ciudadanos a fin de no salir a las calles a pie o en vehículos particulares para tratar de desplazarse durante el estado de emergencia nacional, poniendo en riesgo su salud.
