ERP. El Tribunal Constitucional no quiere estar ajeno al debate y análisis de los sucesos políticos y en inesperada decisión, admitió la demanda de competencias presentada por el expresidente del Congreso Pedro Olaechea, la misma que llevará a un pronunciamiento sobre la constitucionalidad del cierre del parlamento y la cuestión de confianza que permitió el cierre de esta instancia.
El magistrado Carlos Ramos, ponente del caso, sustentó ante el Pleno del Tribunal Constitucional las razones a favor y en contra del pedido de Pedro Olaechea para que se decida si la institución si admite a trámite o no la demanda.
Tribunal Constitucional decidió admitir demanda competencial
De acuerdo al procedimiento para resolver esta demanda, el Tribunal Constitucional deberá realizar traslado hacia el Poder Ejecutivo, ente que deberá absolver la misma en un plazo determinado; igualmenmte, la parte demandante puede sumar interpretaciones y conceptos. Con todos estos elementos, la máxima instancia de control de la Constitucionalidad, se pronunciará.
Para algunos constitucionalistas, esta demanda debería haber sido rechazada de plano, al haber sido presentada por órgano incompetente; sin embargo, de manera unánime, los miembros del Tribunal Constitucional decidieron admitir a trámite, decisión que llevará hacia pronunciarse si el cierre del Congreso fue o no legal.
La oposición liderada por Pedro Olaechea, un excongresista que ingresó en el partido Peruanos por el Kambio, pero que tuvo mucha cercanía con Fuerza Popular, consideran que la disolución del Congreso fue inconstitucional. Corresponderá a los magistrados realizar un análisis pormenorizado del caso y sin duda, el fallo será determinante para el funcionamiento de futuros Congresos.
El Tribunal Constitucional en pronunciamiento dio cuenta del acuerdo adoptado por el Tribunal, precisó que se estará comunicando al presidente de la República la demanda y además se informó que la medida cautelar ha sido desestimada, por lo tanto, hasta que no se resuelva la Demanda de Competencias, sigue adelante lo resuelto por el Poder Ejecutivo.
