ERP. El Tribunal Constitucional (TC) informó que el 2 de octubre próximo continuará la audiencia en la que ayer se trató el recurso de habeas corpus presentado con el fin de conseguir la libertad de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y en la que estaban programados también las vistas de otros casos. Existía expectativa para conocer si se emitía resolución al término de la jornada de trabajo, sin embargo, no fue posible.
Aunque la medida dispuesta es posible que colisione con la elección de miembros del Tribunal Constitucional, quienes podrían reemplazar incluso hasta los 6 miembros, considerando que esa misma cantidad tiene vencido su plazo para el cual fueron elegidos.
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— Tribunal Constitucional del Perú (@TC_Peru) September 25, 2019
De acuerdo con un comunicado difundido en las redes sociales, la audiencia que se efectuaba ayer en horas de la mañana, en la sede de Lima, se suspendió "por razones de fuerza mayor" y se reanudará en los primeros días del mes próximo, aunque no se precisó la hora exacta de inicio de la diligencia.
La sesión del pleno del Tribunal Constitucional dejó a voto la decisión sobre el habeas corpus presentado por la familia de Keiko Fujimori para anular la prisión preventiva que rige sobre ella desde noviembre del 2018.
"Vista la causa, queda al voto", dijo el presidente del TC, Ernesto Blume, quien invocó a las partes a presentar hoy por escrito las argumentaciones adicionales que crean convenientes.
Por su parte, el fiscal integrante del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, indicó que no existen garantías para que Keiko Fujimori enfrente en libertad las investigaciones en su contra.
"El peligro de obstaculización se centra en que Keiko Fujimori buscó que no se averigüe la verdad, trató de entorpecer las investigaciones. No solo lo dice el Ministerio Público […], sino también los testigos e investigados", refirió.
Con el habeas corpus, la defensa legal de Keiko Fujimori cuestiona el fallo de la Segunda Sala de Apelaciones Nacional que ratificó la prisión preventiva por 36 meses dictada por el juez Richard Concepción Carhuancho, medida que luego fue reducida a 18 meses en un recurso de casación.
La lideresa de Fuerza Popular es investigada por el presunto delito de lavado de activos en el marco de las investigaciones por los aportes que recibió para sus campañas presidenciales de 2011 y 2016, entre ellos de la empresa Odebrecht.