ERP. Para muchos el Congreso de la República de mayoría fujimorista y con el aporte de 5 apristas no quieren que la verdad de la corrupción se conozca en Perú y así parece indicar el acuerdo adoptado hoy, donde se acordó interpelar al ministro de Justicia Vicente Zevallos por la suscripción del documento con Odebrecht y donde se comprometen a testificar sobre los casos de esta empresa.
El documento que fue suscrito, se hizo en base a una Ley que fue aprobada por la misma composición del Congreso que ahora cuestiona. No se conoce sus contenidos, considerando que aún se encuentra en proceso de homologación por parte del Poder Judicial. Sin embargo, ello no ha sido óbice para que varios funcionarios de la empresa declaren a los fiscales peruanos del caso Lava Jato.
Vicente Zeballos, ministro de Justicia
El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, anunció que el jueves 21 de marzo, a las 09:00 hrs, el ministro de Justicia se presentará ante el Pleno a fin de que responda el pliego interpelatorio. Según el acuerdo del Parlamento, que registró 58 votos a favor, 24 en contra y una abstención.
La congresista Yeni Vilcatoma quien presentó esta iniciativa con la finalidad de que se expliquen los beneficios obtenidos por la referida empresa a través de dicho acuerdo firmado por el procurador ad hoc, Amado Enco.
Durante la sustentación de la moción, Vilcatoma explicó que no se está cuestionando el accionar persecutor del delito del Ministerio Público, sino denunciar irregularidades como el monto establecido de reparación civil que pagará Odebrecht.
En ese sentido, explicó que los términos refrendados en el acuerdo eran “agraviantes” para el Estado Peruano y que muchas de sus cláusulas no beneficiaban a nuestro país.
Mientras tanto, el congresista César Villanueva, aseguró que la importancia de la firma del acuerdo firmado con Odebrecht es conocer “profundamente” la corrupción registrada en el Perú durante varios años.
“Llamar al ministro por este tema no tiene sentido”, aseguró el extitular del Consejo de Ministros.
Por su parte, el legislador Marco Arana, sostuvo que la intención de esta iniciativa es “bajarse” el acuerdo firmado, para sabotear el mecanismo de colaboración eficaz “y no sancionar a los corruptos”.
