ERP. La Defensoría del Pueblo informó que el 81.2% de los jueces y juezas concede una pensión de alimentos menor a 500 soles. Con este monto únicamente se cubre la alimentación de un niño, niña o adolescente, según el promedio mensual de la Canasta Básica Familiar del INEI (328 soles en el 2016), pero resulta insuficiente para atender otros aspectos indispensables para su desarrollo, como salud, educación, vivienda, vestido y/o recreación.
Cabe indicar que, el 95.3% son demandas presentadas por mujeres y el 89% de sus pretensiones son en favor de sus hijos e hijas. Además, el 50.6% de las demandantes se dedica a las labores del hogar; mientras que el 16.8% se encuentran en situación de desempleo y solo un 16.3% realiza actividad laboral remunerada, así lo revela el informe de la Defensoría: «El proceso de alimentos en el Perú: avances, dificultades y retos».
El documento, elaborado sobre la base de una evaluación de 3512 expedientes archivados entre los años 2014-2016, señala que menos del 3% de las demandas se resuelven en primera instancia dentro del plazo legal de 30 días hábiles, pese a que el proceso de alimentos se debe caracterizar por su rapidez y urgencia.
Anota que el 38.9% de los casos que concluyeron con sentencia estimatoria fueron cumplidas. Sin embargo, en el 43.3%, la ejecución demoró entre 1 y 10 meses, mientras que el 33% tardó más de 11 meses. Solo el 10.4% de las sentencias fueron apeladas y en relación a los casos concluidos sin sentencia se precisa que, el 45% fue por abandono del proceso, el 15% por conciliación y el 40% por improcedencia, desistimiento e inadmisibilidad de la demanda.
El proceso de alimentos, desde una perspectiva de los operadores de justicia, presenta algunas dificultades. Para el 32.7% de los jueces y juezas entrevistadas, la carga procesal es la principal causa en el retraso del trámite de expedientes, en tanto un 16.7% indicó que es la falta de personal y un 33.9% señaló a los defectos en las notificaciones.
Un aspecto preocupante radica en el empleo de un intérprete de lenguas nativas u originarias, ya que el 29.4% de los jueces no puede comunicarse directamente con las partes en distritos judiciales donde predominan este tipo de lenguas y en el 65% de los casos no se tuvo acceso a un intérprete, a pesar de haber sido requerido por las partes.
En ese contexto, la Defensoría del Pueblo ha formulado diversas recomendaciones a las autoridades vinculadas con el sector justicia para que en ejercicio de sus atribuciones, contribuyan a configurar un proceso de alimentos más célere y sobre todo eficaz para el beneficio de un grupo de especial vulnerabilidad en la población peruana, que involucra a mujeres, niños, niñas y adolescentes.
