ERP. "Históricamente las intervenciones en caso de desastres han empezado por la infraestructura y hemos olvidado a la gente. Esto no puede seguir así. Hoy tenemos una ley que prioriza los derechos. La reconstrucción empieza por las personas"manifestó el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, durante la promulgación de la ley que "incorpora la aplicación del enfoque de derechos en favor de las personas afectadas o damnificadas por desastres".
La norma fue promulgada por el Presidente de la República, Martín Vizcarra, en Palacio de Gobierno. La Defensoría del Pueblo presentó la propuesta legislativa en mayo del 2017 y el Congreso la aprobó por unanimidad el mes pasado.Este nuevo enfoque reconoce a todos los afectados por desastres como titulares de derechos, especialmente a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, vale decir niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, adultas mayores, gestantes y las que sufran afectación severa de su salud física y emocional.
Las instituciones públicas y privadas, así como las empresas que intervienen en la reconstrucción, deben priorizar la restitución de los derechos a la alimentación, salud, educación y vivienda, considerando la cultura, edad, sexo o lugar de procedencia de los afectados, datos que permitirán una atención adecuada a sus necesidades. La ley favorece el bienestar integral de las personas, incluso mayor al que tuvieron antes del desastre, y evita la separación del hogar o familia, la exposición a cualquier tipo de violencia y la permanencia indefinida en albergues o refugios sin contar con opciones que generen fuentes de trabajo para mejorar sus condiciones de vida.
Este instrumento legal busca reorientar la rehabilitación y reconstrucción de las regiones impactadas por los desastres, incluyendo el fenómeno "El Niño Costero" del 2017. "Resulta inaceptable que no sepamos qué pasó con las vidas de las más de 400 mil personas que estuvieron en emergencia alimentaria, pero que sí sepamos cuántos kilómetros de pistas y puentes se han rehabilitado. Con los protocolos e indicadores que dispone esta norma, sí podremos conocer qué pasó y cómo restituir la vida de los damnificados", precisó Gutiérrez.
La Defensoría del Pueblo supervisará el nivel de avance y cumplimiento de los procesos con enfoque de derechos. Además, cada 6 meses el presidente del Consejo de Ministros deberá informar al Pleno del Congreso sobre su cumplimiento.
"El Niño Costero" dejó 283 137 damnificados y más de un millón 600 mil afectados. Aún no se instalan más de 3 mil módulos temporales de vivienda y poco más de 100 aulas prefabricadas. La Defensoría del Pueblo estuvo presente desde el primer momento atendiendo a los afectados en el marco de su mandato constitucional y continuará cumpliendo con su misión de salvaguardar los derechos de millones de peruanos y peruanas, especialmente quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.
