CIUDAD DE MÉXiCO, México, nov. 4, 2014.- Agentes de la Policia Federal detuvieron esta madrugada al exalcalde prófugo de Iguala, Jose Luis Abarca, y a su esposa, María de los Ángeles Pineda, acusados de la matanza de 6 personas y desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, la noche del 26 de septiembre, en aquella ciudad. El ex presidente municipal perredista, que se había convertido en el hombre más buscado de México, era el eslabón central en este caso.
Abarca desapareció desde el lunes 29 de septiembre, siendo el Distrito Federal el último lugar en el que se le ubicó, tras un encuentro con Jesús Zambrano, ex dirigente del PRD. Allí se le perdió la pista a pesar de que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong había pedido al entonces gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, desde el mismo sábado 27 de septiembre, que le colocara doble vigilancia para impedir que se fugara y se fugó.
Abarca fue removido de su cargo por el Cabildo de Iguala y a pesar de las suspensiones que logró para evitar su captura, que al final una juez canceló por falta de los depósitos para la garantía, se le extendieron órdenes de aprehensión, por homicidio, intento de homicidio, encubrimiento y desaparición forzada de personas.
Su detención junto con su esposa María de los Angeles Pineda, también buscada por la justicia, ocurrió esta madrugada en una casa de Iztapalapa, en una operación diseñada por el CISEN y efectuada por agente de un grupo de élite de la Policía Federal.
Los trabajos de inteligencia dieron con una señora que les había rentado una casa. Ubicada esta y confirmada la presencia en ese inmueble de los Abarca, se preparó el operativo y los federales los sorprendieron y detuvieron sin que ofrecieran resistencia alguna.
Los prófugos estaban escondidos desde hace varias semanas en esa casa que le había rentado una mujer. Las condiciones de vida eran muy diferentes a las que tenían en su residencia de Iguala. Aquí en Iztapalapa contaban con apenas una cama, una mesita y una pequeña televisión.
Estaban despiertos cuando los agentes federales irrumpieron para detenerlos y ponerlos a disposición del agente del ministerio público de la Federación, ante el que en unos momentos más comenzarán a declarar en las instalaciones de la SEIDO.
Esta detención da un vuelco al caso Iguala, a la desaparición de los 43 normalistas y a la crisis que provocó el caso desde las primeras horas del sábado 27 de septiembre, cuando se empezó a conocer la dimensión del crimen.
El secuestro de los 43 estudiantes
El 26 de septiembre 43 estudiantes fueron detenidos por la policía municipal en el estado de Guerrero, México. Desde entonces no se sabía de ellos, a pesar del clamor de sus padres y que se conocía su último paradero. Una fosa clandestina con 28 cuerpos fue una clara señal del drama en la historia detrás de los jóvenes abducidos.
La fosa fue descubierta en Iguala, en el centro de Guerrero. Los asesinos confesos, dos sicarios a quienes los agentes locales entregaron los estudiantes. "Indignantes, dolorosos e inaceptables", así calificó los crímenes el presidente de México, Enrique Peña Nieto. Los compañeros de las víctimas han anunciado que emprenderán "acciones radicales".
Todos los cuerpos encontrados estaban quemados y aún no hay explicación de por qué en la fosa hay 28 cuerpos, ya que sólo 17 correspónden a los jóvenes.
Lo que sí se sabe, es que los estudiantes fueron seguidos por los sicarios, desde que llegaron a Iguala. Luego que los jóvenes participaran en una protesta en un acto de la esposa del alcalde, se dirigieron al terminal de buses y tomaron por la fuerza tres vehículos. Es normal que los normalistas -colectivo ideológico al que pertenecían los estudiantes- ejecutara este tipo de actos. Los dueños de buses, no lo impiden en general, para no generar más problemas. Pero en esta ocasión llegó la policía y los narcos, y comenzó una balacera. Seis de los jóvenes murieron en el lugar. El resto, incluido heridos, fue detenido y trasladado al patio de la comandancia y de ahí entregados al crimen organizado.
Tenían entre 18 y 23 años. Los cuerpos fueron apiñados y luego les prendieron fuego. Algunas víctimas posiblemente fueron mutiladas antes. Como ahora se sabe, la orden de raptar a los estudiantes partió del jefe de la policía, Francisco Salgado. La orden del asesinato, fue de un mafiosos apodado El Chuky.