Decisión fue aprobada por unanimidad
Sullana. La nueva procuradora pública municipal, Abog. Mayra Luna Cevallos, fue autorizada por la asamblea municipal a iniciar o impulsar procesos judiciales contra funcionarios, servidores o terceros, respecto de los cuales el órgano de control interno haya encontrado responsabilidad civil o penal en agravio de la Municipalidad Provincial de Sullana.
Debido a la urgencia, esta formalidad exigida a la funcionaria por el órgano jurisdiccional, fue aprobada por unanimidad y durante su intervención explicó que estas facultades permitirán planificar mejor la defensa edil, pues se viene revisando los informes del órgano de control que involucrarían a ex funcionarios, servidores y terceros con cierta responsabilidad. “Se pretende recuperar dinero para la comuna”.
Aunque no brindó detalles al respecto, en los próximos días se daría a conocer los resultados de las diversas indagaciones sobre presuntas irregularidades a ex directivos de la pasada gestión de Jorge Camino, involucrados en irregularidades y negligencias en agravio de la comuna chirense, que actualmente presenta un desbalance o déficit de más de 17 millones de nuevos soles, como producto de numerosas deudas y arbitrajes de empresas constructoras, además de graves deficiencias en la fiscalización y recaudación de tributos, entre otros.
Luego de ello, se procederá a las denuncias de ley. Sería el gerente municipal, Jorge Pérez, quien precisará al detalle las irregularidades ante el pleno del concejo municipal, se informó oportunamente.
Asimismo, se otorgó facultades para que la procuradora pueda conciliar en procesos laborales, que de acuerdo a la ley especial tienen mayor celeridad y se realizan en audiencia única para no ser declarados en rebeldía y perder los juicios que son los más abultados. De igual forma, se autorizó conciliar lo más conveniente con las diversas empresas contratistas que exigen montos adicionales o están en arbitraje, como es el caso del consorcio “A & J Inversiones”.
El regidor Carlos Campos Solano, pidió a la procuradora alcanzar un informe detallado de los juicios en general, arbitrajes de empresas y de terceros para ver los plazos y estrategias a adoptar, aunque recientemente el propio alcalde Carlos Távara dijo que se trataría de 30 obras abandonadas, de las cuales 23 están en arbitraje, además de 750 procesos entre civiles, penales, contencioso administrativo y laborales, siendo estos últimos los más abultados.
