ERP. El Procurador Público de la Municipalidad Provincial de Sullana Luis Alberto Rosales Meca se dirigió al jefe de la ODECMA Sullana Dr. Yone Pedro Li Córdova para interponer queja contra el magistrado Juan Cajusol por inconducta funcional; según lo informó el Regidor Fernando Brossard Del Rosario en asamblea municipal, luego de solicitar informes respecto a los diferentes procesos a su cargo.
De acuerdo al pedido formulado el Procurador solicita se admita la queja disponiéndose una investigación a fin de establecer la existencia de la irregularidad denunciada y la sanción correspondiente.
La queja se refiere al proceso que se tramita en el Expediente N° 00501-2017-0-3101-JR-CI-01 en la que el Procurador Municipal viene siguiendo el proceso de desalojo contra la persona de Otto Távara Polo al venir poseyendo sin título alguno los inmuebles de propiedad de la Municipalidad Provincial de Sullana acreditadas con copias certificadas de las respectivas partidas electrónicas correspondientes a los lotes 01, 02 03, 04, 05, 06, 07 y 08 de la manzana J y de los lotes 01,02,03,04 05 y 06 de la manzana I zona industrial municipal N° 04 Sullana, ocupación precaria por parte de la chatarrería Tavarín al ingreso a la ciudad.
Se pudo advertir “una dilación al proceso con estrategias de temeridad y mala fe, lo cual el magistrado en ningún momento ha sancionado dicho actuar doloso” refirió el Procurador Municipal.
Es de precisar que el proceso responde a una Demanda de Desalojo declarada improcedente en la cual el Procurado Municipal denuncia “vulneración al derecho de mí representada, derecho a la tutela jurisdiccional, derecho de defensa y derecho al debido proceso, al amparar arbitrariamente una nulidad sin sustento legal”.
El Regidor Brossard recordó que el proceso demandado por Otto Távara tiene la calidad de cosa juzgada, aún luego de haberse presentado un recurso extraordinario de Casación, lo cual ha sido declarado improcedente, por lo que el demandado no tiene derecho a poseer los terrenos de propiedad municipal, según reafirmación del propio Procurador Municipal.
Estos terrenos incluso en algún momento ya fueron ofertados a través de subasta por la municipalidad por ser de su propiedad pero que sin embargo hasta la fecha no son desocupados, precisa la fuente municipal.
“Es lamentable porqué estamos encontrando en una serie de hechos y expedientes que se nos están presentando en cómo se han ido apropiando de terrenos dolosamente a través de la aparente figura legal de la Prescripción Adquisitiva de Dominio en perjuicio del Estado y de muchas familias pobres” expresó el regidor. Añadió así mismo que está acopiando información porque sin duda esto es una modalidad del “Caso Orellana”, en que la participación de instancias superiores deba evaluar y calificar las investigaciones que deban corresponder.