ERP. Decenas de ex contratados hacen guardia en los exteriores del Gobierno Regional de Piura, Municipalidad de Piura, Municipalidad de Sullana, Municipalidad de Talara, y otras entidades locales y regionales de Piura y todo el país. Esta población busca ser escuchada y continuar en el puesto de trabajo que tuvieron hasta el 31 de diciembre del 2014.
El panorama es desolador y triste, tras cada persona hombre o mujer que espera con ojos llorosos debe existir una historia personal. Una madre, un padre, un hijo o una hija que buscan afanosamente no perder la oportunidad de granjearse honestamente la subsistencia. Las respuestas son similares y el único argumento está relacionado a la culminación de su contrato.
Los informes periodísticos solo se limitan a decir que a estos ex trabajadores "se les impide ingresar" y hasta se argumenta temas presupuestales y financieros. La mayoría ingresaron por "favor" del presidente regional u alcalde saliente y en gran parte, no se han sometido a un riguroso proceso de selección.
El asunto de fondo, tiene que ver con la criticidad del empleo en el Perú; las limitaciones para encontrar un trabajo fácil y bien remunerado. Frente a ello, de manera discrecional, las entidades públicas, sobre todo gobiernos regionales y locales, abrieron sus instituciones para hacer ingresar trabajadores sin necesidad alguna, muchas veces sin calificaciones y lo que es más censurable, por solo haber participado en una campaña electoral.
Al culminar un mandato, sucede lo que se ve ahora. Gente que clama por un trabajo y espera la "benevolencia" de los nuevos mandatarios. Estos a su vez, miran con la misma miopía de sus antecesores y no hacen ninguna evaluación. Al contrario, es muy probable que haya una lista de sus propios seguidores para darles un puesto de trabajo, que con toda seguridad no se necesita.
El cuadro humano que se ve con este grupo de personas es crítico. El sistema laboral público lleva a estas condiciones, porque no existe voluntad política para establecer la Ley del Servicio Civil como obligatoria y cumplir con lo que dicen los documentos de gestión, para evitar proliferación de cargos.
Estos asuntos y otros, se encuentran en la responsabilidad estatal. Las entidades públicas no deben ser agencias de empleo y sus puestos de trabajo deben obedecer a una planificación. Acceder a estas instancias debe ser previa existencia de un puesto de trabajo y tras riguroso proceso de selección. La carrera pública debe ser obligatoria y cada 4 años, la única discrecionalidad que debe existir es designar los cargos de confianza.
En tanto, seguiremos observando caras sombrías y llenas de frustración porque no se les valoró adecuadamente y son despedidos por la sola condición de ser "militantes de un partido político".
