ERP. Desde el 01 de enero del 2015, los gobiernos regionales y locales del país tienen nuevos mandatarios. Presidentes regionales y consejeros ; alcaldes y regidores, tendrán por 4 años, la oportunidad de seguir consolidando el desarrollo regional o local, mediante el uso de las capacidades a su disposición.
Ha culminado un periodo duramente criticado. En el aspecto regional, creó connotación las muertes y latrocinios públicos en Ancash y otros gobiernos se encuentran con presidentes fugados o presos, y que han puesto en duda la validez del proceso de descentralización. La corrupción ha marcado las principales actuaciones públicas y el aparato público ha sido incapaz de dar atención a todos los casos.
Lo mismo ha sucedido en los gobiernos locales; sin embargo, vale decir, si existe un gobierno regional o local que no haya estado inmerso en líos y acusaciones de corrupción, no es por moralidad y ejemplar honradez; simplemente, no se conocieron porque muchos presidentes regionales y otros locales, saben infringir la Ley y para los casos judicializados tienen su propio presupuesto de la corrupción para policías, fiscales y jueces.
Estos hechos se seguirán cometiendo, casi con la misma impunidad que se hicieron antes. En tanto, el sistema de control no funcione, que la sociedad no fiscalice, y que no se construyan mecanismos para evitar hechos delictivos, tendremos presidentes regionales, alcaldes y funcionarios corruptos con careta de honestidad.
Generalmente, la corrupción no es solamente regional o solamente local. Se encuentra enraizada en todo el aparato estatal y no existen políticas y menos gestos para combatirla. El caso de lo que sucede con el Gobierno de Ollanta y Martín Belaúnde Lossio, nos dice mucho del nivel de infestación del Gobierno Nacional.
La corrupción es el principal mal en las administraciones que asumieron funciones desde el 01 de enero. Se requiere no solamente legalidad, sino actitud para evitarla, aunque resulte muy iluso creer que se avanzará en la lucha contra la corrupción, en un entorno institucionalizado que juega a su favor; de todas maneras, se debe creer que es posible seguir una camino adecuado.
Otro problema tiene que ver con las ideas y con las capacidades de quienes ingresan a cargos elegidos o designados. Ideas se requieren para definir los caminos de desarrollo a seguir y capacidades para entender el complejo aparato público. No se trata de sueños o de ilusiones, sino de tener ideas que sean posibles y que enmarquen en las posibilidades administrativas, políticas y económicas.
Durante los últimos años, hemos escuchado las propuestas de reorganización administrativa. En la mayor parte, estas propuestas solo fueron efímeras y no se tuvo las capacidades de plantear un aparato funcional. Acabamos de leer que crearán en Piura, el Sistema Regional de la Primera Infancia como unidad orgánica y sabemos, que en tanto, no se redefina las interrelaciones con el aparato central, todo será letra muerta.
Las capacidades o competencias, están relacionadas a los saberes y su aplicación por parte de los nuevos mandatarios. Está relacionada con el conocimiento teórico, pero fundamentalmente por la experiencia misma. Un equilibrio entre ideas y saberes, permitirán decidir adecuadamente.
El reto que tienen las autoridades regionales y municipales, se centraría en tres aspectos; el primero, una actitud honesta y ajena a la corrupción; el segundo, ideas de desarrollo que se mezclen con los documentos de gestión; y, el tercero, saberes sobre administración pública y demás, que les permita decidir en una dinámica muchas veces compleja. El camino se inicia, todo depende de los nuevos gobernantes.
