ERP. Los jóvenes peruanos de 18 a 24 años se encuentran indignados. El gobierno que dijo generaría regulaciones de justicia y equidad social, los ha excluido de los beneficios generales que corresponden a todos los trabajadores y en una discriminación innecesaria, recorta pagos por CTS, uso completo de vacaciones, gratificaciones, seguros y otros derechos que corresponden a un trabajador normal.
La propuesta partió del Ejecutivo y el Congreso la aprobó. Los argumentos son trillados. Los oficialistas indican que la norma busca promover el empleo en jóvenes sin experiencia laboral, con estudios secundarios, técnicos o superiores completos o truncos, y que no puedan acogerse a otras modalidades de contratación, como las formativas prácticas pre-profesionales y profesionales.
Los eufemismos son parte de la norma y en ella se esconde el real viraje para favorecer a los grupos empresariales. Si bien es cierto, que las referencias a los jóvenes desempleados buscarían ampliar las opciones de empleabilidad; la norma se aplicará indistintamente a todos con el solo hecho de encontrarse en el rango de edad establecido.
El crecimiento económico ha llevado a la generación de nuevas oportunidades de trabajo. El acceso al empleo se ha incrementado y el cumplimiento de las normas laborales constituye un pre-requisito en decenas de empresas que se han formado en Piura y seguramente a nivel nacional. Bastaría revisar las experiencias de decenas de jóvenes que realizan trabajos no calificados y calificados y no han tenido problema alguno con la Ley vigente.
Discriminar por la edad, y por una falsa premisa, es inconstitucional. Se espera, que tras esta promulgación se accione contra la norma para evitar su aplicabilidad. Hacerlo, no significa oponerse a una política de promoción del empleo; sino defender derechos sociales que corresponden a todos los peruanos y que el Estado debe garantizar.
Al contrario, los gobiernos deberían garantizar que todos los trabajadores gocen de igualdad de oportunidades y un acceso digno al trabajo. La responsabilidad social de los empresarios debe considerar una inserción justa y considerar en sus costos, el que corresponde a las obligaciones laborales.
Con esta norma, no queda duda que el acceso digno que miles de peruanos venían logrando, se trasladará hacia una mediatizada legislación, dada con fines diferentes a los de una necesaria igualdad. El empresariado peruano es hábil para buscar en las debilidades de la Ley, una salida para obtener mayor rentabilidad.
Ollanta Humala, quien anda muy desubicado y contrariado por las acusaciones de corrupción; ha defendido la Ley y justifica la promulgación de la misma; la cual tendrá una vigencia de 5 años. Alan García, salió a criticar la misma y la andanada de respuestas no se hicieron esperar. En tanto, los jóvenes se han levantado y expresan su malestar por esta decisión.
El Tribunal Constitucional deberá analizar la constitucionalidad de la Ley y para muchos especialistas, es muy seguro que declarará su inaplicabilidad.
