ERP. La Constitución Política del Perú de 1993 fue consecuencia de un golpe de Estado y una salida para normalizar al gobierno dictatorial de Alberto Fujimori. El Congreso Constituyente convocado con la finalidad de aprobar una nueva carta magna que sustituya a lo aprobado en 1979, redefinió nuevas regulaciones sobre todo en la parte del régimen económico, en tanto que repitió otras como el de derechos y obligaciones.
En Chile, su Constitución aprobada tras la dictadura de Augusto Pinochet pronto dejará de ser una herencia de un régimen antidemocrático para dar paso a una de mayor consenso social. El presidente, el cual no puede ser calificado de derecha, recogió, impulsó y realizado el referéndum para que la población se pronuncie y el resultado, demuestra fue aleccionador, es un documento que debe ser reemplazado a la luz del actual siglo.
El caso peruano es diferente, fuerzas económicas representadas por organizaciones políticas de derecha, consideran que la Constitución Política del Perú de 1993 es inamovible e intocable. Generan corrientes de opinión para evitar que la experiencia chilena se repita en el país y de una vez por todas, la población se pronuncie respecto a la vigencia o no, de una norma que fue el resultado de una dictadura.
Por decisiones políticas después de la crisis generada por los actos de corrupción de Fujimori, la Constitución Política del Perú de 1993 se quedó sin la firma del dictador. Los intentos por devolver su firma han sido vanos y por lo menos, esta situación se mantiene. Fujimori, cumple carcelería por los actos de corrupción y contra los derechos humanos.
Aunque muchos peroran sobre los beneficios del régimen económico de la Constitución; tiene muchas deficiencias y ha sido utilizada favorablemente por empresarios rentistas, quienes abogan por libertad de empresa y libre mercado; sin embargo, cuando se trata de compartir los beneficios se sujetan a lo regulado por el Estado, cuyas normas simplemente son la consecuencia de sus incidencias y porque no, manipulación e intromisión sutil en asuntos de gobierno.
Existen muchos aspectos que han sido aprovechados para inclinar la balanza a favor de esos intereses y otros que son la aplicación de una norma con muchas deficiencias. Por ejemplo, de no haber sido por un Tribunal Constitucional corajudo se hubiera permitido la reelección por tercera vez de Alberto Fujimori; posteriormente se hizo nada o casi nada por mejorar su estructura y las distorsiones siguen latentes.
Existen temas a replantear; uno de ellos es la conformación del Tribunal Constitucional, ¿El número actual es suficiente? ¿La cantidad de integrantes es el adecuado o debería incrementarse? Son preguntas que pueden resolverse y tener un órgano más plural, presto a resolver con solvencia los conflictos por la interpretación de la norma constitucional. Lo visto en la demanda competencial desnuda las debilidades de este órgano, máxime cuando se contamina con intereses de carácter político.
¿La explotación de los recursos económicos deberían mantenerse o pensar en fórmulas más equitativas y justas? El debate permitirá resolver conflictos permanentes por este tipo de temas, que para los interesados no debería cambiar, en tanto para la población local constituye un abuso, sobre todo cuando se trata de recursos mineros. En definitiva, existen aspectos que deben cambiar y otros ser reformulados con miras a democratizar mucho más la sociedad peruana.
Los últimos sucesos, el primero las protestas por el espurio presidente Manuel Merino de Lama y las protestas contra la Ley Laboral Agraria, son solo dos hechos de otros tantos que pueden despertar y actualizarse en cualquier momento. Se requiere repensar la nueva Constitución y que sea consecuencia de los nuevos tiempos y nuevos consensos. No debería atemorizar a nadie y menos, crear que la actual es una biblia.
El pueblo de Chile demostró de lo que es capaz y el gobierno entendió que corresponde democráticamente encontrar la solución; el pueblo peruano, igualmente a despertado y aunque protesta por problemas específicos, muchos piden que la Constitución Política del Perú de 1993, sea un lastre dejado por una dictadura.
