ERP. La población del valle del Tambo en Arequipa, donde se ubica la mina Tía María, se ha declarado en paro indefinido. Las razones se explican por la decisión del gobierno de Martín Vizcarra, el cual de manera inconsulta otorgó a la empresa Southern Peru Copper Corporation la licencia de construcción que les permitirá explotar los recursos naturales que se encuentra en un valle bastante productivo.
No es la primera vez que esta población se enardece y sale a las calles para protestar por la decisión de reconvertir su valle, en una zona de explotación minera. Con gran tenacidad enfrentaron las decisiones centralistas del gobierno de Alan García Pérez y de Ollanta Humala Tasso. El tiempo ha pasado y lo que estaba en una aparente paz, vuelve a un estado de conflicto por la decisión centralista.
Martín Vizcarra realiza viraje al igual que Ollanta Humala y Alan García
En este caso y quizá partiendo de la misma experiencia del presidente Vizcarra cuando gobernador de Moquegua, se dispuso la entrega de la licencia de construcción para “Tía María”. Es decir, licencia primero, diálogo con la población después e impulsada por la empresa.
Con una particularidad sorprendente e increíble se dice “la empresa se ha comprometido a no iniciar construcción alguna hasta lograr el consenso social” según las palabras del ministro de Energía y Minas Francisco Ísmodes. Es decir, lo que debería resolver el Estado, se traslada a la empresa interesada de la explotación para encontrar soluciones.
El gobernador de Arequipa ha calificado de traidor a Vizcarra y razones existen para deducir su viraje.
Se expresa que el Perú es por tradición un país minero y quizá existan razones históricas que lo expliquen; sin embargo, la dicotomía agricultura versus minería siempre estarán en bandos diferentes. Para los primeros, más vale el sustento diario que logran con sus tierras de cultivo, en tanto para los segundos, la explotación minera trae ingresos sustantivos para el fisco.
Pero no solo es esa dicotomía la que prevalece en este tipo problemas; también lo es como se gestionan este tipo de proyectos. Primero, la competencia es del nivel central y los gobiernos regionales y/o locales no tienen nada que realizar cuando se trata de gran minería; segundo, la población solo es dueña del suelo y no del subsuelo; por lo tanto, si existen recursos minerales, corresponde al nivel central decidir sobre su explotación.
Y tercero, una situación que es mucho más práctica y real, tiene que ver con la corrupción estatal. Una empresa de esta naturaleza, tiene la capacidad suficiente para incidir en el aparato estatal y torcer a su favor las decisiones de los funcionarios estatales. Manejan medios y recursos para doblegar toda acción contraria y quienes se oponen pueden ser víctimas de la reacción policial y/o judicial.
Sin embargo, frente a esta arremetida de grandes proyectos mineros, la población no se ha mantenido silente y menos adormecida; al contrario, sus voces y sus acciones han sido de oposición, para decirle no al imperativo de explotar los recursos minerales. Se observó en Tambogrande, todo un ícono de oposición, se trasladó hacia Cajamarca con la mina “Conga” y también se evidenció en Huancabamba y Ayabaca, con las intenciones de explotar la mina “Río Blanco”.
El precedente de “Tía María” es un antecedente para estos proyectos que se encuentran en indefinición. Bastaría una decisión burocrática y de cuatro paredes para entregar una licencia de construcción con el compromiso que la empresa “no realizará construcción hasta que logre la licencia social” conforme de manera sorprendente lo indica el ministro de Energía y Minas.
El presidente Martín Vizcarra ha convivido con la explotación minera y es probable que tenga los convencimientos que es posible impulsar este tipo de proyectos aún a costa de la resistencia de la población. Doblegarla sería muy fácil, policías, militares y fiscales actuando en una sola dirección, aunque las voces de la población en contra se ahoguen contra la fuerza del Estado.
La necesidad de un diálogo efectivo con la población del valle del Tambo de Arequipa, era muy conocido. El gobierno no lo hizo, cuando debió hacerlo, hoy pretenden con una licencia bajo el brazo de la empresa, convocar a sus autoridades y sociedad civil para convencer que su medida es la única y mejor.
Martín Vizcarra, quien llegó a la presidencia casi por casualidad, se convierte en un Alan García u Ollanta Humala más. Su viraje, es evidente y lo único que se puede presagiar son mayores conflictos con la población peruana.
