ERP. La Contraloría General de la República advirtió que el Gobierno Regional de Piura incumplió el plazo legal para emitir pronunciamiento sobre una prestación adicional de obra clave en proyectos de drenaje pluvial y movilidad urbana en la ciudad de Piura. En informe difundido por Vigilia Ciudadana se comente respecto a este caso que compromete a la instancia regional.
Según el Informe de Visita de Control N.° 006-2026-OCI/5349-SVC, la entidad regional no se pronunció dentro del plazo establecido respecto al adicional de obra N.° 1 del Ítem I, vinculado al proyecto de mejoramiento del servicio de drenaje pluvial en el cercado urbano —entre las avenidas Loreto, Málaga, Bolognesi y la ribera del río Piura—, así como a la obra de recuperación del servicio de movilidad urbana en vías locales.
El monto total del proyecto asciende a S/ 112 985 194,08, de los cuales S/ 68 226 284,77 corresponden al componente de drenaje pluvial y S/ 44 758 909,31 al componente de movilidad urbana.
La Contraloría precisó que la necesidad del adicional fue registrada en el cuaderno de obra (asiento N.° 265) y ratificada por el Consorcio Supervisor Las Avenidas, que además remitió el expediente técnico con conformidad el 16 de febrero de 2026, sin observaciones.
De acuerdo con el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (Ley N.° 30225), el Gobierno Regional tenía un plazo máximo de 12 días hábiles para emitir y notificar su pronunciamiento, fijándose como fecha límite el 4 de marzo de 2026. No obstante, al 10 de marzo la entidad no había emitido respuesta alguna, manteniendo el expediente sin resolución en el Sistema Integrado para la Gestión y Eficiencia Administrativa (SIGEA).
La entidad de control advirtió que esta inacción administrativa genera riesgos de retrasos en la ejecución de la obra, incluyendo posibles suspensiones, paralizaciones y ampliaciones de plazo, lo que afectaría la continuidad del proyecto y la puesta en funcionamiento de la infraestructura en perjuicio de la población.
El informe fue notificado al gobernador regional Luis Ernesto Neyra León y al presidente del Consejo Regional Carlos Andrés Castillo Ipanaqué, a quienes se les otorgó un plazo máximo de cinco días hábiles para informar sobre las acciones adoptadas frente a la situación advertida.
