ERP. Se dice que el Perú es presidencialista; sin embargo, lo sucedido con Pedro Pablo Kuczynski demostró que el Congreso de la República tiene un peso político determinante en las decisiones nacionales, sobre todo cuando se trata de problemas irresolutos como la corrupción y para eso se requiere una dirección que camine por una correcta institucionalidad.
La amplia mayoría que logró Fuerza Popular debido a las debilidades de la Ley electoral, han permitido que no haya un funcionamiento adecuado y acorde a las expectativas de los peruanos, al contrario los actos díscolos han superado a los normales y si algo bueno se hizo, fue oscurecido por lo indebido. Esta situación ha derivado en una percepción mucho más negativa por parte de la población de este poder del Estado.
Congreso de la República y la deuda con el país
Sin duda que se requiere grandes cambios y es probable que la actual composición no esté preparada para resolver. Uno de ellos está referido a la situación de la conformación misma de esta institución. Modificar la Ley Electoral actual donde se sustrae a los candidatos de organizaciones que no superaron un porcentaje mínimo, es eliminar a las minorías. Caso concreto es lo que sucedió en Cajamarca, donde el partido de Gregorio Santos Guerrero no obtuvo ningún representante pese a la alta votación lograda.
Durante el presente periodo, no se ha querido ni discutir y menos aprobar proyectos que resuelvan este tipo de distorsiones y que es probable se mantenga en la condición de pendientes por el desinterés en hacerlo; lo cierto que el país tiene que caminar hacia la consolidación de su democracia representativa y hacer que el voto del pueblo tenga valor.
En democracias las mayorías y minorías importan, son los votos los que valen y en ese sentido los consensos son fundamentales. Estos no deben ir en contra de los planteamientos que tiene al país. Las mayorías no son para hacer tabla rasa de la legalidad y del derecho, al contrario la Constitución, las Leyes y la democracia deben prevalecer frente a los intereses individuales.
Lo sucedido con Yesenia Ponce, protegida por el partido Fuerza Popular es algo que no debería repetirse en el Congreso, las intenciones de intervención en otras instancias como el Ministerio Público o Tribunal Constitucional deben ser cosas del pasado. Eso no implica que no se generen normas más democráticas y más legitimadas como por ejemplo, establecer una mejor composición para la elección del Fiscal de la Nación.
Un país donde el Poder Judicial es confiable, es garantía de la construcción de una mejor ciudadanía. Problemas siempre existirán; sin embargo, si estos están vinculados a la administración de justicia poco o nada se puede esperar. La justicia debe ser para todos y no solo para los que menos tienen. No se trata de leyes, sino de valores, de ética, de ciudadanía responsable.
Lo conocido por la labor de interceptación de las comunicaciones y que pone al descubierto el accionar de magistrados y políticos, realizando arreglos de acuerdo a su conveniencia no es nuevo en el país. La corrupción judicial es tan antigua, que se pierde en el tiempo. No llama la atención que el Poder Judicial sea la institución de menor confianza y credibilidad entre los peruanos. Esta mala fama se la han ganado por acción o por omisión.
Una presidencia de la República con altos valores democráticos y personales; un Congreso representativo y que cree consensos en bien del país, son necesarios para crear institucionalidad, la misma que ha sido fuertemente erosionada por problemas políticos de antaño y por accionares individuales que forman parte de ella.
En tal sentido, la responsabilidad del Congreso es amplia. Conforme avancen los meses, estaremos próximos a un año electoral y en ese escenario la situación de crisis y conflictividad será mayor si no se adoptan las decisiones más pertinentes.
Hasta el momento ingresar a la OECD como es el objetivo, obliga a realizar los cambios reales más allá de las palabras llenas de eufemismos.
