ERP. La cárcel es el hábitat natural de los delincuentes y en gran medida, ellos saben que en cualquier momento pueden llegar por los ilícitos cometidos. Son lugares tenebrosos y misteriosos, su solo nombre cuando se valora la libertad amedrenta y atemoriza, de tal manera que mucho más simple es fugarse y evadir la acción de la justicia, a la espera que en los recursos de apelación se modifique una decisión de esta naturaleza.
Se encuentran bajo la administración del Instituto Nacional Penitenciario e ingresar a estos antros, es encontrarse con toda una dinámica de interrelaciones, de conflictos, filias y fobias, donde igualmente como sucedería en un estado de libertad, se quebranta la convivencia pacífica o se respeta las normas internas expuestas.
Durante los últimos años, los actos de corrupción del Estado Peruano, han llevado a medidas draconianas. El sistema judicial atávico, aquel que condenaba cuando debía absolver, el que enviaba a la cárcel al que debería estar en libertad, de repente se ha visto compelido a decidir frente a hechos graves y las consecuencias las estamos observando en los últimos tiempos.
Juez Cristian Concepción Carhuancho, crea atisbos de una justicia para todos
Es quizá el caso de corrupción protagonizado por la brasilera Odebrecht la que ha develado los intersticios de la administración pública de nuestro país y otros del orbe. Comenzó en el Brasil y poco a poco esta metástasis fue descubriéndose en otros países como el nuestro, donde estarían comprometidos los últimos 5 presidentes. La situación es grave y aún con saldos pendientes que poco a poco sorprenderán al país.
La dilación o concertada y para otros no prevista, llevó a la fuga de Alejandro Toledo y posterior captura de Ollanta Humala y Nadine Heredia. La pronta actuación del sistema permitió que varios funcionarios de segundo nivel del gobierno Aprista sean detenidos. Ellos purgan prisión preventiva y se encuentran a la espera que se demuestre su culpabilidad real. Llama la atención que con todos los indicios el ex presidente Alan García Pérez se encuentre incólume y lejos del país.
La decisión de imponer 18 meses de prisión preventiva en contra de 5 empresarios de las empresas consorciadas con Odebrecht marca un punto de quiebre, al menos hasta el momento, respecto a las responsabilidades penales de sus ciudadanos. Es un hito que demuestra que el sistema judicial puede y debe actuar, al margen de posición económica, social, raza, color, religión y cuanta otra diferencia pueda existir.
Ante la Ley todos somos iguales, diría una primera apreciación respecto a lo sucedido.
Anteriormente, si alguien quebrantaba la norma, lo más simple y fácil era fugar. Bastaría mirar la lista de los más buscados por la justicia e incluso los montos que se pagan por su ubicación y captura.
Fugarse fue la decisión de Alejandro Toledo Manrique, acusado de recibir 20 millones de coima. Fugarse igualmente fue la mejor opción de Alberto Fujimori y de su entonces poderoso Vladimiro Montesinos; fugarse es lo más simple y lo menos valiente para quienes detentaron todo el poder político y de repente, por sus actos, se les demuestra que no eran tan omnímodos como se preciaban y que eran tan justiciables como cualquiera persona.
En el escarnio público se podrá decir muchas cosas; sin embargo, la decisión que adoptaron en su momento Ollanta Humala, Nadine Heredia, Félix Moreno y ahora los empresarios José Alejandro Graña Miró Quesada, Hernando Alejandro Graña Acuña, Fernando Martín Gonzalo Camet Piccone y José Fernando Castillo Dibós. Si lo hubieran deseado, capacidades y recursos para fugarse les sobraba. Pero con un pleno acatamiento a la norma, decidieron sin que nadie los persiga, ponerse a derecho.
Existe mucha discusión respecto a la prisión preventiva. Se considera que es una medida excepcional y no la regla. Incluso muchos confunden la prisión preventiva con una sentencia y no es así. La celeridad frente a este tipo de casos, amerita que el sistema judicial corrija con mayor eficiencia y eficacia para concluir denuncias por ilícitos penales cometidos por los justiciables.
El pedido del Ministerio Público es valiente en este caso, la decisión del Juez mucho más; sin embargo, el Poder Judicial y el Ministerio Público, aún tienen pendientes con su transparencia, honestidad y moralidad de sus magistrados. En el país, aún existen muchos magistrados que distorsionan sus fallos y que se acomodan de acuerdo a intereses subalternos y diferentes a una correcta administración de justicia.
Los ejemplos de los magistrados que han dado una lección de valor al resolver en contra de empresarios de los grupos de poder del país, deben permitir que se internalicen en otros de todo el país y que poco a poco, los peruanos tengan una administración de justicia previsible y no distorsionada por asuntos económicos, sociales, raciales y otros.
El Juez Cristian Concepción Carhuancho ha demostrado tener mucho valor y dominio técnico en derecho penal; sus resoluciones indican no estar demasiado contaminadas. Sin embargo, aún existen deudas pendientes del sistema judicial con el país. pic.twitter.com/HbJ3zG38bc
— Andrés Vera Córdova (@andresveracordo) 4 de diciembre de 2017
