Por: Andrés Vera Córdova
ERP. La inseguridad ciudadana sigue siendo el problema central del Perú. A diario, las informaciones versan sobre robos, asaltos, violaciones, asesinatos a cargo de sicarios, lío entre pandillas, y otros males que causan estragos en la sociedad y en la sana convivencia que debe existir en una comunidad.
Lamentablemente, no se han adoptado medidas necesarias para enfrentar radicalmente este problema. Se mantiene la misma estructura legal e institucional y no se abren acciones diferentes para complementar el control social. En esta lógico, existe un personal de Serenazgo en el ámbito municipal, con escasas funciones y competencias y una centralidad de la Policía Nacional que es limitada en recursos humanos y logísticos.
De acuerdo a otras experiencias, existe una Policía con competencia nacional y otras subnacionales que se complementan entre sí. Policía Nacional del Perú, Policía Regional y Policía Local, vienen pueden obtener facultades para intervenir en sus territorios, estableciéndose con claridad qué les corresponde a cada quien.
Si bien es cierto, que por el momento no existe una profesionalización del personal de Serenos de las Municipalidades del país, regularlo no es difícil. Debido a lo que deben y tiene que hacer, se requiere competencias mínimas, que un rigor académico y rápido podrían otorgar.
El nacimiento de la Policía Regional sería concordante con la descentralización del país. Los gobiernos regionales, deben dejar de ser netamente articulares y participar activamente en la búsqueda de la normalidad social en el ámbito de su territorio. Por el momento, las regiones solo sirven para otorgar recursos a Municipalidades y a la propia Policía Nacional dirigidos a seguridad ciudadana.
Es posible en un nuevo marco, extender la responsabilidad de control y orden interno, respetando los niveles de gobierno. De tal manera que la Policía Nacional del Perú, tenga funciones perfectamente definida en la Constitución y las Leyes, la Guardia Regional tendría un marco de competencias en los espacios regionales y la Policía Municipal, recobraría el status que mantuvo antes de entrar en vigencia la última LOM.
Esta idea no existe y las municipalidades solo abrieron el abanico para el personal de Serenazgo, el cual solo responde a intereses políticos partidarios y no al funcionamiento de una instancia debidamente preparada y óptima para lucha contra la inseguridad ciudadana. Aún con todas esas limitaciones, existen experiencias importantes que deben mirarse.
Durante los últimos tiempos se ha planteado la mayor participación en estos temas de personal de las Fuerzas Armadas. Sin duda, que este personal no se encuentra preparado para salir a las calles con el nivel de preparación que tienen y con el nivel de formación recibido.
El cambio en la estructura legal es necesario. Las quejas contra el sistema judicial son constantes y existen elementos que contribuyen al deterioro y a la pérdida de confianza. Sin embargo, muchas veces es la actitud de fiscales y jueces lo que perjudica una administración de justicia adecuada; lo cierto es que se requieren normas claras para desincentivar las faltas y delitos que podrían cometer menores y adultos.
En tanto, Defensoría del Pueblo ha realizado algunas propuestas que deben tenerse en cuenta. Una de ellas es crear un sistema de alerta temprana en cada distrito para neutralizar potenciales actos contra la seguridad.
Dotar de los recursos, tecnología y personal suficientes al servicio de investigación criminal de la Policía Nacional para que combatan eficazmente la criminalidad organizada, el sicariato, el secuestro, la extorsión y el robo agravado; cumplir obligatoriamente, tal como lo dispone la ley, con el patrullaje integrado entre el Serenazgo y la Policía Nacional, potenciando su equipamiento, mejorando su profesionalización e intensificando esta función.
Estandarizar e interconectar los diversos sistemas de video-vigilancia municipales con los de la Policía Nacional, a fin de garantizar una respuesta oportuna y eficaz frente al delito; e intensificar los operativos contra la comercialización ilícita de armas de fuego, explosivos, alcohol y drogas. Para ello se requiere la coordinación sistemática entre el Ministerio Público, los municipios y otras entidades competentes.
Lo que existe en estos momentos, con la estructura funcional y legal vigente, son acciones dispersas que limitan la acción articulada. Una de ellas son los sistemas de vídeo vigilancia, los cuales son desarrollados independientemente por cada distrito, la falta de coordinación entre distritos y una limitada acción de la Policía Nacional, que no se abastece para la complejidad de hechos que a diario ponen en riesgo la seguridad ciudadana.
Finalmente, creemos que la labor de inteligencia es fundamental para antelarse a los hechos. Ser oportunos con el manejo de la información, evitará que hayan menos victimados y es probable que poco a poco se recobre la percepción de seguridad que hemos perdido.
Fotografía referencial
