Por: Andrés Vera Córdova
Durante las últimas semanas, la población de Piura se ha informado ampliamente de los conflictos existentes por la potencial explotación de la mina de cobre y molibdeno ubicada en río Blanco, jurisdicción de Huancabamba. Para los comuneros en casi su totalidad no debe extraerse del subsuelo mineral alguno; para la empresa Majaz cree que tiene, aunque cuestionados, los permisos para explorar y explotar; en tanto que para el gobierno la actividad minera debe impulsarse y promoverse, aún a costa de acentuar las diferencias.
Las poblaciones de Piura, con menos o más lejanía del área de impacto directo del proyecto, en unos casos se mantienen indiferentes, otros creen que la actividad minera en río Blanco es totalmente posible y también existen los que creen que el desarrollo sostenible se vería afectado para los piuranos y cajamarquinos, quienes se abastecen de las aguas de la cordillera piurana.
Debido a la innegable confrontación de posiciones, existen los ambientalistas quienes tienen su mensaje y sus conceptos que nadie logrará cambiar; otros, son más o menos mineros o ecologistas según la fuente de empleo o de expectativas logradas; sin embargo, la gran masa de comuneros, poblaciones aledañas y piuranos en general muestran regularmente como sucedió en Tambogrande, una gran desinformación respecto a los verdaderos impactos, beneficios, tecnologías, consecuencias y otros aspectos propios de una actividad económica.
De la empresa podemos decir lo que la racionalidad indica. Los empresarios buscan actividades donde invertir para ganar, es su lógica y así lo establece el sistema económico. Actúan con la ley y al margen de la ley. Con la ley para cumplir con la formalidad y al margen de la ley para lograr prebendas y favoritismos de funcionarios de los gobiernos. Es un caso común en Perú y no solo en la minería.
La actividad minera lidera las exportaciones peruanas. El crecimiento económico mundial nos favorece y por lo tanto, siempre, un gobierno apuntará a mayores inversiones en este rubro. De acuerdo a informaciones de la empresa se ha confirmado la existencia hasta la actualidad de más de 1 billón de toneladas de minerales, el mismo que pretende extraerse como mínimo en 20 años. Es un buen negocio para el Estado y para la empresa. Sin ser suspicaces, debería entenderse que esta es la razón para que tanto Jorge del Castillo, el ministro Valdivia y el mismo Alan García, hayan adoptado una posición marcadamente pro Majaz.
En medio de empresa y Estado, se encuentran las poblaciones de la serranía. Según Defensoría del Pueblo no existen los acuerdos de asamblea general de las comunidades habilitando el uso de los territorios donde se encuentran los yacimientos. Contra esta conclusión, los otros entes estatales han concertado para desmentir el informe defensorial. Se ha hecho con vehemencia y mucho autoritarismo. Todo hace ver, que para los del gobierno, solo la empresa Majaz tiene la razón, en tanto que los otros son retrógradas, ignorantes, “ambientalistas”, “narcotraficantes” que no desean el desarrollo económico.
El Perú ha sido y es un país minero. Excepto relativos cambios, los impactos en las comunidades inmediatas no han sido tan favorables. La destrucción del ecosistema, es una secuela que no se puede negar, tanto como el proteccionismo del Estado para que estas empresas sigan operando, incluso como se conoció recién, infringiendo las normas de carácter laboral.
En Piura, tenemos autoridades regionales con poca claridad para enfocar el desarrollo regional y con mucha conveniencia para apoyar proyectos sin la consistencia social que se requiere. Se observó en la discusión del Plan de Desarrollo Concertado. Todos los actores y participantes, buscaron soslayar a la minería como una actividad viable en la región. Si se dice, aunque no estén convencidos, que existen nuevas tecnologías para extraer los minerales, no habría razón para esconder la posibilidad de su explotación.
Pero, si hablamos de minería, no solo deberíamos ser muy obstinados y hasta obcecados con río Blanco. Es cuestionable que el presidente regional apueste por la minería en la sierra y se mantenga callado en el caso de Tambogrande. Si éste funcionario considera que la minería debe explotarse, que también considere y opine lo mismo para la mina de Tambogrande. En este caso él y sus vehementes líderes mantienen silencio porque saben que con este distrito no se juega y saben que su gente saldrá masivamente a las calles, para con su fuerza hacer desistir a los más enconados defensores de las empresas mineras.
Se convocó a una consulta vecinal en tres jurisdicciones. Desde el oficialismo criticaron que “tres pequeños distritos quieran decidir por 28 millones de peruanos”. Se olvidan que esos tres distritos, tienen gente que ha creado sus propios mecanismos de subsistencia, tantas veces sin apoyo del Estado. Aunque se pretendió incidir en la población con falsedades, finalmente 18 mil personas entre ayabaquinos y huancabambinos decidieron pronunciarse sobre el tema minero en ejemplar jornada.
Hoy, al descubrirse yacimientos mineros en la sierra piurana, todos miran hacia ella; pero, es fácilmente perceptible ver las condiciones en las cuales vive su gente. Sin embargo, lograron adecuarse a la naturaleza y gestionar su ecosistema, ese que ahora pretenden sustraérselo con el prurito de la propiedad del subsuelo y decirles que no les pertenece y que antes que ellos, están los intereses de Estado.
Se les trata de desinformados e ignorantes, cuando en realidad su forma de vida y concebir sus relaciones con el medio ambiente son diferentes y tienen que ver con su propia cultura. Podría decírseles ignorantes a quienes han logrado construir sus propios caminos, darse su seguridad, canalizar sus aguas desde las partes altas en ejemplares obras de ingeniería?.
El Premier de la República viene promoviendo un diálogo sin los actores principales. Se quiere confundir el real sentido de un consenso cuando se tiene que acordar sobre impactos directos a las comunidades. Se llama para el denominado diálogo a alcaldes que deben tener solo una posición expectante, pero no determinante. Hablan y creen entender la posición de los comuneros o población de la sierra, cuando poco conocen de los modos y formas de vida de esa población.
El 16 de octubre, se insistirá con un diálogo que más parece una imposición. Aunque el tono del Premier haya bajado, subyacen las inocultables pretensiones de apoyar a la empresa Majaz, quien ya tiene un convenio de estabilidad tributaria y además un proyecto de Ley que le obviaría el camino para explotar los recursos mineros de río Blanco.
El dialogo es importante para crear consensos. Si se quisiera dar una muestra de transparente y de sincera actitud, debería el Estado exigir a la empresa que valide su licencia social con los permisos de las comunidades de Segunda y Cajas y Yanta; indemnizarlas por el uso indebido de su suelo y a partir de allí, si ellos lo consideran, iniciar una nueva etapa, donde los beneficios sean mutuamente compartidos.
