ERP/N.Peñaherrera. A ver, pongamos bien en perspectiva esto.
La comisión de Contraloría de la República llega a Ayabaca, visita un proyecto de captación de agua, lo encuentra inconcluso. Las preguntas legítimas, aparte de por qué no se concluyó y se puso en servicio teniendo en cuenta que hay comprometida plata del Estado, son: cómo es posible que la denuncia no haya trascendido ante tanta evidencia regada, y cuál es la cadena de responsables.
Según cierto sector de la población ayabaquina, que es el mismo que defiende fervorosamente la protesta que terminó en el descalabro de la semana pasada (y que ahuyentó a más de un turista), estas denuncias ya se habían presentado a las autoridades pero no habían prosperado.
Mis fuentes afirman que el problema de los expedientes fue que buena parte de los mismos estaban basados en supuestos y en valoraciones subjetivas (léase, muchas opiniones no especializadas), y no tanto en fundamentos de hecho y de derecho, que es lo primero que chequea cualquier fiscalizador.
El representante de Defensoría del Pueblo, al respecto, ha dicho que también no hubo peritos suficientes para ver el detalle de cada expediente… ¡y son más de cuarenta!
Bueno, al margen de esto, por lo menos otras dos obras, la calle que trepa el cerro Calvario y otra donde se pagó por semáforos ‘fantasmas’, van a demandar una muy, pero muy buena explicación de la gestión Marchena.
De pronto eso. Asumo que, conforme la investigación de campo avance, iremos conociendo más detalles que quizás no conocimos antes, ya sea por tecnicismos, porque la sospecha de una sombra partidaria se agitaba por ahí, o porque solemos ser muy desordenados a la hora de explicar nuestras demandas. Y en mi experiencia, más ésta última.
Esperemos, vigilemos, y no cedamos a quienes de una u otra parte nos proponen agarrarnos a trompadas. Quien dé el primer manazo, pierde.
(Opina al autor. Síguelo en Twitter como @nelsonsullana)