ERP/N.Peñaherrera. El Progreso es un caserío en el distrito de Suyo, Ayabaca, el primerito que aparece si te vas de Las Lomas a Paimas, que en la última década no ha honrado su nombre.
Tras ser una localidad donde la actividad ganadera prometía aprovechar su alto potencial por estar a la vera de la Carretera Panamericana hacia Quito, Ecuador, para vender productos artesanalmente industrializados de la leche de cabra, de pronto aparecieron socavones, las cabras fueron transformándose en motos lineales y las pailas para preparar manjar blanco en quimbaletes.
La minería había llegado con una sola promesa: más plata, para gastar en lo que sea pero más plata al fin. Al diablo con el bosque seco y todo ese discurso ecologista que, aparentemente, daba de comer poco.
Y la gente incrementó sus ingresos económicos. Comenzó a mejorar las casas, a comprar electrodomésticos, y a pegarse las grandes borracheras.
Con la minería también llegó una aparente impunidad en el sistema local de justicia. A pesar de los asesinatos, la evidencia de trata de personas, el contrabando y el narcotráfico, nadie caía, y quienes terminaban presos eran los denunciantes.
Pero no toda bonanza es perfecta.
Hace un año, en el Progreso, una niña de 13 años tuvo la mala experiencia de ser violada por uno de sus vecinos, aparentemente. No habría pasado una sola vez, sino tres.
Hasta que a la chica se le comenzó a notar el embarazo, la madre ignoraba la situación. Tras inquirir a su hija, y confrontar al presunto agresor, sentó denuncia ante la fiscalía en Suyo, la misma localidad que el consultor Miguel Santillana vende en Lima como si fuera Tambogrande.
Un año después, el crimen tiene una víctima, un aparente agresor, una madre angustiada por justicia y un proceso petrificado como la roca de los cerros circundantes.
La mujer ha insistido que se avance para castigar al culpable y resarcir a la adolescente. La respuesta que parece estar recibiendo la mujer es el silencio.
Esta semana, la Defensoría del Pueblo en Piura ha tomado contacto con el caso y ha ofrecido todo su apoyo para moverlo; incluso ha instado a la fiscalía para que lo desatore.
La pregunta es: si a los operadores de justicia se les ha pedido que den fluidez a resolver delitos contra la libertad sexual, ¿por qué este caso en Suyo procede al revés? A menos que no nos hayan contado alguna parte de la historia que explique cómo un expediente ha pasado un año sin llegar a buen término.
El problema es que, desde que comencé a escribir sobre estos temas, y como lo dije en un comentario previo, noto un patrón: cuanto más lejos estás de alguna urbe piurana, es más sencillo sacarle la vuelta a la justicia; y se delinque tanto como en las grandes ciudades.
Probablemente la minería traiga dinero, pero el dinero no está trayendo ni convivencia pacífica ni buena salud mental, y menos el desarrollo adecuado de la sexualidad (si no, cómo se explica que alguien deba violar para hallar satisfacción).
Y si guardamos silencio al respecto, garantizaremos que la impunidad siga haciendo metástasis, hasta que ningún lugar sea seguro.
(Sigue al autor en Twitter como @nelsonsullana)
Foto: "Peñaherrera / FACTORTIERRA Archivo"
