Por: Nelson Peñaherrera Castillo. El jueves por la tarde, y contra el consejo de diferentes organizaciones nacionales e internacionales, el Congreso de la República, que últimamente se está especializando en adoptar una personalidad realitty-show -o sea, lo más antiheróica que le sea posible-, aprobó por insistencia una ley que prohíbe a cualquier oficina gubernamental de cualquier nivel contratar publicidad en cualquier medio privado, no importa si es comercial o comunitario.
El día que se aprobó la ley, contó con 70 votos a favor de 107 disponibles (130 deberían ser todos). En contra votaron 30, y se abstuvieron 7. Sí, la mayor parte de votos fueron de Fuerza Popular y el APRA (y una congresista por Piura de APP, de profesión periodista); pero, no son los únicos a quienes esta especie de censura indirecta les favorece.
De este modo, según la opinión política mayormente demócrata, las posibilidades del Estado para que anuncie lo que está haciendo se limita a los medios que administra el Instituto de Radio y Televisión del Perú (IRTP), entre ellos, TV Perú y Radio Nacional, ambas disponibles en mercado piurano.
Por otro lado, como lo indicó el congresista aprista Mauricio Mulder, el propulsor de la ley , debido a que los servicios de Internet fija y móvil parecen tener un 90% de penetración nacional, toda entidad gubernamental puede usar sus redes sociales para informar sobre lo que está haciendo, aunque el periodista y consultor Óscar Díaz dice que la cobertura es en realidad el 60%, y apenas el 0,5% busca información oficial.
Y en ese sentido, el congresista oficialista Carlos Bruce recordó que una cosa es penetración (la cobertura máxima probable de una oferta de contenidos) y otra cosa es el rating (la proporción que prefiere recibir un tipo definido de contenidos): las señales IRTP tienen penetración nacional, pero su rating está en duda, suponiendo que es bajísimo. Y éso que no habló del share (la participación efectiva de mercado que tiene el contenido).
Claro que Mulder no tomaría jamás estas cifras porque se traería abajo a su líder Alan García: ¿recuerdan cuando el entonces presidente decía que un signo de crecimiento económico nacional era que por cada habitante habían dos teléfonos celulares? Olvida Mulder que la pobreza ha aumentado 1% en el país, según cifras oficiales, y es probable que mucha gente no tenga planes de datos en su móvil.
El abogado especializado en derechos humanos y ex procurador Julio Arbizu sostuvo que la justificación de la ley está llena de debilidades y falacias; gremios de medios de comunicación social en las Américas a su vez aseveraron que ni al dictador venezolano Nicolás Maduro se le hubiera ocurrido una norma tan restrictiva como la peruana.
En fin, la cantidad de opiniones desfavorables son mayores que la terquedad de Mulder y la bancada fujimorista, la que últimamente ha recibido tras cuernos, palos, debido a verdaderas patinadas en la administración del Legislativo, principalmente el aumento de la planilla de trabajadores, la mayor parte presuntamente ligada a Fuerza Popular de acuerdo a la investigación periodística (especialmente de la cadena de televisión abierta propiedad del grupo El Comercio), y que no solo se sospecha se habría producido en Lima sino que también parece tener una larga lista de beneficiarios permanentes y temporales aquí al interior del país.
Y exponer todo ello parece no haberle gustado a la primera fuerza política en el Parlamento, por lo que varios medios grandes a nivel nacional han interpretado la ley como un castigo por ese tipo de cobertura. Dicho sea de paso, Mulder, quien hizo carrera como columnista en La República (socia minoritaria de El Comercio en la cadena que les contaba) durante la dictadura fujimorista, es algo así como el Stitch del gremio a estas alturas del partido, lo que parece sumarse a sus varios exabruptos de los que no se han salvado ni el productor teatral Osvaldo Cattone.
Está claro que sin publicidad oficial, todas las fuerzas políticas pueden tener el campo libre para contar su propia parte de la historia: el fujimorismo dirá que sin ellos, el país sería una desgracia (cuando ya nos damos cuenta que es lo contrario, ahora que Keiko Fujimori se acordó que tenía electores), y la izquierda seguiría proponiendo la inviavilidad del sistema político actual, nueva Constitución y genuflexión alusiva al chavismo y al senderismo (¡viva la huelga de Pedro Castillo!), terreno en el que han chapoteado de lo lindo con cara de "no me gusta".
Y a mi parecer, ésto confirma que fujimorismo e izquierda juegan en pared.
Pero, las otras fuerzas tampoco tienen hueso sano: el oficialismo podría seguir torpedeando al Ejecutivo (sí, purito autogol) extrañando la era Kuczynski (aunque dijeron que respaldarán la acción de inconstitucionalidad que el presidente Martín Vizcarra va a interponer contra esta ley); APP y Acción Popular aún no queda claro qué juego van a jugar por ahora, pero ya nos "sorprenderán". Fijo.
A nivel regional y local, las diferentes instancias se ahorrarían un dineral en publicidad pero tendrían el escenario ideal para hacer con la administración de recursos el masacote en el que ya andan metidas, y cuya finalidad es promover la imagen del jefe o la jefa, pero nunca un servicio público.
También advierten especialistas que el supuesto ahorro a nivel de municipalidades no pararía la conducta extorsiva de ciertos presentadores de radio o TV, o editores de publicaciones impresas y digitales, sino que la dispararía, creando una suerte de caja 2 (como la de Odebrecht) libre de deducción fiscal para "atender" las amenazas de esas personas que malutilizan los medios.
En resumidas cuentas, la ley Mulder es el caldo de cultivo ideal para que la propaganda política y la corrupción florezcan mismo lirio acuático en el embalse del río Chira: se ve bonito el color verde, pero la verdad es que todo es un síntoma de nuestra poca visión para administrar la cosa pública.
Claro que a nuestros políticos y funcionarios públicos, ésto les suena a novena sinfonía de Beethoven: en la medida en que la gente les vea como lo peor de la sociedad peruana, les irán perdiendo más interés; si les pierden interés, harán lo que les dé la gana; si hacen lo que les da la gana, ¿quién contra ellos?
Y se viene la iniciativa legislativa del congresista Cleyton Galván, quien propone la colegiación obligatoria de los y las periodistas para ejercer la carrera, lo que para el Colegio de Periodistas del Perú le parece sonar a música celestial, olvidándose que los medios y el periodismo en general tenemos mecanismos de autorregulación para garantizar la calidad de nuestros contenidos, al margen de si quien los genera es o no un periodista. Personalmente, no trabajo con muchos periodistas en la producción de contenidos, y éso los enriquece por el tipo de cobertura que desarrollo.
Aunque mi otra lectura es que la iniciativa Galván buscaría dividirnos y comenzar a generar otro conflicto, allí en ese sector que le pone difíciles las cosas al Legislativo. Divide y vencerás.
Otrosí, colegas y público en general: al fujimorismo le ha dolido en el alma que se le frustre una iniciativa mediante la que pretendían ocupar sillas en el directorio del IRTP para influir en los contenidos, muchos de los que mejoraron notablemente luego que la dictadura cayera. Quizás el error del IRTP haya sido no migrar hasta convertirse en entes públicos, como sucede con las radiodifusoras de su tipo en Chile o europa, donde TVN, BBC o RTVE son, en realidad, empresas públicas que compiten en el circuito comercial.
Por éso es importante saber canalizar el poder de los medios, entendiéndolos como un servicio público que no está acá ni allá sino al medio (¡por éso se llama medio!), abriendo puentes para que fuentes y público se encuentren y dialoguen civilizadamente. Pero, si bloqueas el paso, ¿qué diálogo será posible?
Y si nosotros y nosotras estamos dispuestos a castigarles con nuestra indiferencia, estaremos firmando nuestra propia sentencia de muerte. Si no miren lo que pasó en Alemania desde 1936 a 1945. Es la misma historia. Exactamente la misma historia, y si no la paramos, nos va a destruir.
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