Por: Nelson Peñaherrera Castillo. El reciente testimonio de Jorge Barata puso la lupa, como no podía ser de otra manera, en las figuras más prominentes de la política nacional peruana, en sus candidaturas, y en cómo se financiaron, mejor dicho, en la posibilidad de que los fondos hayan venido de la planilla que Odebrecht habría destinado para pagar coimas adelantadas; pero, en las declaraciones que el ejecutivo brasileño dio el martes y el miércoles, hay un datito que casi se nos va de contrabando.
Aclarando que lo sabido hasta ahora es absolutamente extraoficial, gracias a periodistas que han estado en Sao Paulo, Brasil, cubriendo el interrogatorio, Barata parece haber dicho que existe la posibilidad de que no solo se haya invertido en las campañas de políticos y políticas de presencia nacional, sino también en algunas campañas regionales, aunque no habría precisado cuáles, ni mucho menos los montos.
Si tomamos en cuenta que Odebrecht habría actuado pagando a las candidaturas nacionales para tener la preferencia en las contrataciones si acaso conseguían la victoria, ¿por qué deberíamos descartar que hubieran hecho lo mismo en las candidaturas regionales considerando que habían obras geográficamente muy puntuales?
Y si no fue Odebrecht, ¿acaso no pudo ser cualquiera de las otras empresas brasileñas que ahora están acusadas de ser parte de ese infame esquema conocido como Lava Jato?
Hasta ahora las investigaciones difundidas desde Lima sobre presuntas metidas de mano de este nivel han encontrado evidencias en Cusco, pero debido a una posible triangulación con un estudio de abogados, o con uno de los socios del bufete, en Lima (el centralismo de los medios de comunicación limeños que se dicen nacionales, cuándo no).
Tal investigación se concentró en un entonces presidente regional; pero, asumamos que el mismo esquema de estas empresas, solas o consorciadas, que parece haberles funcionado a escala país pudiera haber sido aplicado a una microescala tipo departamento o provincia.
Cuando Marcelo Odebrecht dio su declaración en Curitiba, Brasil, dijo algo que particularmente me intrigó: no solo se había aportado a campañas de candidatos presidenciales sino también a congresistas. La pregunta lógica es a quiénes. Odebrecht dijo no recordar, pero lanzó ese adjetivito que a todo el mundo dejó con ganas de más: "casi seguro".
¿Qué ha hecho el Congreso desde entonces? Se ha concentrado en tratar como piñatas a los adversarios presidenciales, y hasta ha lanzado la tesis del borrón y cuenta nueva con el cuentazo de otra Constituyente (Maduro, te saludamos), pero hasta ahora no ha iniciado -no que sepamos- alguna investigación a nivel de Legislativo que permita separar la brizna del grano. Por ahí, el periodismo de investigación ha encontrado algunos indicios en el cónyuge de una congresista de oposición que no trascendió a más. Se dijo que se iba a investigar y pasemos a las piñatas de siempre, levantando voces, entre otras cosas, de la vacancia presidencial.
Incluso, la sensación que me queda es que las comisiones investigadoras no son mas que publicidad gratis para potenciales reelecciones, siguiendo el estilo Ricki Lake, una actriz estadounidense que tuvo su talk-show allá por los noventa: nos clavamos las uñas en cámara, pero apenas se vayan los periodistas somos más patas de lo que cualquiera imagina, y repartámonos los dividendos.
Si el Congreso no ha dicho mayor cosa sobre sus integrantes presentes o pasados, menos se ha lanzado a investigar a autoridades regionales o provinciales.
Ojo que en Piura todavía no está claro si Camargo y Correa pudo haber tenido o no ciertas prebendas para adjudicarse el Proyecto Hidroenergético del Alto Piura, que el Gobierno Regional rescindió porque no avanzaban más que centímetros, y por el que la empresa está pidiendo una millonaria compensación. Todo el mundo está hablando de lo que se tendría que pagar si se pierde el proceso; pero, ¿cuánta gente está viendo cómo se llegó a esa negociación?
Y no es el único caso. Recordemos los escándalos de ventas de tierras a precios ganga para lanzar proyectos agrícolas apestosamente rentables, y en las que la negociación se habría realizado entre nacionales y regionales.
Salvo que el Ministerio Público local sí esté indagando algo con el sigilo respectivo, lo que hasta ahora percibo es que nuestras autoridades regionales y locales están pasando piola, excepto el actual gobernador (¿en serio solo él solito?). Claro que todo el mundo es inocente hasta que probemos lo contrario, pero un poco de malicia tampoco nos vendría mal.
No hay nada de negativo en que una empresa, sea del tipo que sea, financie una campaña política de su preferencia o financie varias, como apostando a varios caballos al mismo tiempo (de todas maneras uno ganará y ella ganará). El punto aquí es cuál es la intención detrás de aportar: ¿asegurar la liquidez de tal campaña o asegurarse su liquidez en las licitaciones de su preferencia?
Allí está la ética del aporte, y de allí parte la discusión legal por las consecuencias del mismo, asunto que dejo en manos de los abogados, quienes sabrán analizar mejor ese aspecto que yo.
¿Y por dónde comenzar a investigar? La verdad yo diría que se levante la alfombra por cualquier parte, ya que sea el lado que sea, nos terminará llevando al centro, allí donde es posible que la mugre esté altamente concentrada.
(Opina al autor. síguelo en Twitter como @NelsonSullana)
