ERP. El procurador público del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Ronald Angulo, presentó una denuncia por la presunta comisión del delito de sedición contra Jorge Enrique Ugarte Olivera, a quien se le atribuye haber organizado y dirigido movilizaciones realizadas frente a la sede del organismo electoral y en la vivienda de su presidente, Roberto Burneo.
La denuncia fue ingresada el pasado 2 de mayo ante el Primer Despacho de la Segunda Fiscalía Corporativa Penal del Cercado de Lima, y posteriormente ampliada para incluir otros presuntos delitos como acoso, grave perturbación de la tranquilidad pública y violencia contra la autoridad.
Convocatoria y liderazgo de protestas
De acuerdo con el informe N.° 56-2026-OSGRI/JNE de la Oficina de Seguridad y Gestión de Riesgos Institucionales, el denunciado habría convocado, dirigido e incitado a un grupo aproximado de 500 manifestantes a concentrarse inicialmente en el frontis del JNE, en el distrito de Jesús María, en un contexto político-electoral sensible y bajo estado de emergencia en Lima Metropolitana.
Según el documento, la convocatoria no habría sido espontánea, sino organizada y difundida previamente a través de redes sociales como TikTok. Asimismo, se señala que Ugarte Olivera habría asumido un rol activo de liderazgo, utilizando transmisiones en vivo, megáfonos y otros medios de amplificación para dirigir las protestas.
Durante las manifestaciones, los participantes portaron objetos sonoros como ollas, tapas y megáfonos, además de lanzar arengas y expresiones agraviantes contra autoridades electorales, especialmente contra el presidente del JNE.
Protesta se trasladó a vivienda de autoridad
El informe también detalla que la movilización se trasladó hasta el domicilio particular de Roberto Burneo, donde el denunciado habría continuado liderando la protesta y promoviendo expresiones hostiles.
Para la Procuraduría, estos hechos no constituyen un ejercicio regular del derecho a la protesta, ya que implicaron el desplazamiento organizado hacia la vivienda de una alta autoridad, generando —según sostiene— presión directa, intimidación y afectación a su tranquilidad personal y familiar, así como al libre ejercicio de sus funciones.
Asimismo, se señala que el denunciado habría reiterado la frase “golpe cívico militar” e instado a los manifestantes a repetirla, lo que, a criterio del JNE, trasciende la crítica política y podría interpretarse como una incitación al desconocimiento del orden constitucional.
Difusión en redes y diligencias solicitadas
Parte de las protestas fueron transmitidas en vivo y difundidas en redes sociales, lo que —según la Procuraduría— habría incrementado la exposición y presión contra las autoridades electorales. Incluso, se advirtió que en los comentarios de dichas transmisiones se habría difundido la dirección del domicilio del presidente del JNE, elevando el riesgo de nuevas concentraciones o actos de perturbación.
Finalmente, la Procuraduría solicitó al Ministerio Público una serie de diligencias, entre ellas la toma de declaración del denunciado, la identificación de las personas que habrían facilitado el traslado de manifestantes y el análisis del contenido audiovisual difundido en redes sociales, con el fin de determinar responsabilidades.
