Por inasistencia de imputados y abogados defensores
ERP/Tumbes. El inicio de juicio oral del denominado “Megajuicio” fue postergado para este 13 de abril, por la Jueza del Cuarto Juzgado Unipersonal de Tumbes, Roxana Amaya Pazo, debido a la inasistencia de tres de los imputados y de dos abogados defensores.
Dicho juicio, es seguido contra 23 exfuncionarios del gobierno regional de Tumbes por los presuntos delitos de colusión, aprovechamiento indebido de cargo, omisión de funciones y abuso de autoridad, y viene siendo investigado por el fiscal Jorge Andrés Nole Sócola, de la Fiscalía Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
Cabe mencionar que los imputados ausentes fueron, Roberto Nemesio Lúcar Román (exasesor presidencial), Jorge Luis Pardo Valladolid (exmiembro del comité especial de adjudicaciones) y Miguel Ruiz Tocto (exmiembro del comité especial ad hoc), además de dos abogadores defensores.
Los hechos
Según las investigaciones realizadas por el fiscal Nole Sócola, los hechos ocurrieron en junio del 2010, cuando el entonces presidente regional interino, Roger Ocampo Prado asumió el cargo y cambió a todos los funcionarios de confianza para posteriormente llevar a cabo la exoneración del proceso de selección de las obras Mejoramiento y Rehabilitación RO 23-117 Francos – Rica Playa- Cañaveral- HDA Fernández y el Mejoramiento y Rehabilitación RO-23-103 Zarumilla- Uña de Gato- Papayal.
Ambas obras tenían un valor aproximado de más de 11 millones de nuevos soles y fueron convocadas por adjudicación directa argumentando un presunto desabastecimiento inminente hecho que resultaría falso por cuanto se contaba con informes de profesionales de que en el año 2011 no habría Fenómeno del Niño.
Este proceso fue realizado tras el Acuerdo de Concejo 74-2010 que establecía la exoneración del proceso de selección pese a que ya había una resolución ejecutiva N° 18-2010 del 15 de enero del 2010 emitida por el GR donde se había aprobado el plan anual de contrataciones para el ejercicio presupuestal 2010 donde dichas obras ya estaba previstas y existía la resolución de gerencia general regional N° 87-2010 del 8 de abril 2010 en que había designado al comité especial que las tendría a su cargo.
Pese a ello, los imputados exoneraron todo este proceso valiéndose presuntamente de los contratistas Alba Contratistas EIRL, A&J Contratistas EIRL, Estación de Servicios Piura EIRL y Consorcio Chilimasa, cuyos representantes también se encuentran entre los imputados.
La pena
El Ministerio Público ha solicitado penas que van desde los 2 años por omisión de funciones y hasta los 15 años por colusión agravada y un pago de reparación civil solidaria de 3’225,577.85 nuevos soles.
En tanto, para los imputados exfuncionarios, Jimmy Zarate Marchand y Víctor Hugo Lozada Trindade se ha solicitado una reparación de 50 mil nuevos soles.
