ERP. El Colegio de Trabajadores Sociales región Piura y Tumbes, han levantado su voz de protesta por la derogación del Decreto Supremo Nª 005-65, que autorizaba a las empresas con más de 100 trabajadores a contar con un profesional en trabajo social; la medida es considerada contraproducente por dicha institución por cuanto, implica un retroceso en la protección y gestión de la fuerza laboral.
Un extenso documento suscrito por la Lic. Lucy Peña Mena,Decana del Consejo Directivo de Trabajadoras Sociales Región Piura-Tumbes precisa los aspectos negativos de esta decisión dispuesta por el Gobierno actual y que compromete al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y hacen un llamado a dicho sector, a Sunafil e Indecopi, para que se restablezca dicha norma o se proponga algo alternativo, lo que no ha sucedido, simplemente se ha derogado.
“Es una lucha nacional que venimos realizando para que se restablezca la norma o se cree un mecanismo alternativo, hemos presentado reclamos en el Congreso de la República, el último 19 de junio realizamos una marcha por la ciudad de Piura, protestando por la indebida derogación que un Decreto Supremo que se promulgó en 1965 y este gobierno ha dejado sin efecto; igualmente hemos recurrido a Defensoría del Pueblo, Sunafil, Indecopi e incluso Dirección Regional de Trabajo de Piura” precisó la Decana Lucy Peña Mena.
La protesta y reclamo, no solo lo realiza el Colegio de Trabajadores Sociales del Perú; igual disconformidad muestran los integrantes del Consejo Regional de Colegios Profesionales de la Región Piura, quienes recogiendo los puntos negativos que implica esta decisión gubernamental, que en términos generales significa dejar en la indefensión de profesionales competentes en toda la fuerza laboral.
Precisan con meridiana claridad que se afecta el acompañamiento de la fuerza laboral; se abandona el bienestar social que debe mantenerse en una empresa de dicha dimensión; igualmente dejan en la indefensión en la gestión decasos sociales; se afecta el trabajo en el clima organizacional, en términos generales no solo perjudican a profesionales vinculados al trabajo social; sino fundamentalmente trabajadores sociales.
El respaldo por tan arbitraria decisión al Colegio de Trabajadores Sociales, lo firman el Ing. Manuel Asmat y otros que se solidarizan en el rechazo a una norma tan importante para dicho colegio y además, perjudica, conforme lo dicen ambos comunicados al a la clase trabajadora que presta servicios en empresas que tienen más de 100 trabajadores.
El rechazo por la derogatoria del Decreto Supremo Nº 009-65 es liderado por el Colegio de Trabajadores Sociales y en todas las regiones existe una disconformidad colegiada o individual como es el caso de Gabriela Chupan trabajadora social, quien ha precisado que No son barreras que cada empresa con más de 100 recursos humanos cuente con una trabajadora social; asimismo, precisa que son quienes sostienen la justicia social; su gestión o trabajo es histórica.
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