ERP. La Contraloría General dio a conocer oportunamente al Gobierno Regional de Piura las 34 situaciones adversas que no aún no han sido corregidas en la obra de defensas ribereñas del río Piura tramo II, sin embargo, la entidad no adoptó, según las verificaciones de control, las acciones correctivas y actualmente con el aumento del caudal por las fuertes lluvias, se han presentado grietas en parte de la estructura que pondrían en riesgo a la población de Piura, por lo que se iniciará un servicio de control posterior.
Desde el 2018 hasta este año se han emitido 14 informes de control concurrente sobre la obra denominada “Mejoramiento y ampliación del servicio de protección contra inundaciones de la ciudad de Piura y Castilla entre el puente Cáceres y el futuro puente Integración”, cuya finalidad es evitar un desborde del río Piura, tal como ocurrió el 27 de marzo de 2017. Dicho proyecto forma parte del plan integral de Reconstrucción con Cambios.
Actualmente, una comisión de auditores recopila información sobre lo ocurrido y evalúa las acciones de la entidad para iniciar un servicio de control posterior, debido a que las situaciones advertidas no han sido superadas, a fin de determinar presuntas responsabilidades de los funcionarios.
Al respecto, la gerente regional de Control de Piura, Mariela Huerta Vereau, expresó su compromiso de ejecutar en el breve plazo dicho servicio de control posterior, ya que es preocupación de la institución que las obras ejecutadas cumplan su finalidad, como proteger a la población de una inundación por la crecida del río, más aún cuando existe un pronóstico de lluvias intensas en las próximas semanas y la posibilidad de un fenómeno de El Niño Global.
“La Contraloría ha venido acompañando la ejecución de esta importante obra mediante un servicio de control concurrente y se han comunicado las situaciones adversas de los informes para que se adopten las acciones. Dentro de nuestra programación anual se ha incluido un servicio de control posterior en este año, por ello nos encontramos en ese proceso de evaluación y al tomar conocimiento de las grietas se ha pedido documentación a la entidad”, señaló la funcionaria.
Huerta Vereau recordó que en el marco del Megaoperativo Regional de Control en Piura, en el año 2021, la Contraloría realizó una auditoría de cumplimiento al contrato inicial de esta obra y se identificó responsabilidad penal, civil y/o administrativa en 23 funcionarios y ex funcionarios del Gobierno Regional de Piura por sobrevaloración de precios y otras irregularidades.
Según el Informe N° 13799-2021-CG/GRPI-AC, se señalaron ocho observaciones en el periodo comprendido entre el 1 de setiembre de 2017 al 5 de marzo de 2021 respecto al procedimiento de selección, expediente técnico, ejecución de la obra, supervisión y contratación directa para el saldo de obra. En aquella ocasión se evaluaron 27 situaciones adversas no corregidas en ocho informes de control concurrente.
La comisión de auditores determinó que funcionarios del Gobierno Regional de Piura aprobaron el expediente técnico de las defensas ribereñas con la inclusión de trabajos ejecutados en la construcción del puente Juan Pablo II o Eguiguren. Incluso, hubo sobrevaloración en los precios unitarios del rubro maquinarias, lo cual generó un incremento del presupuesto de la obra en más de S/ 21 millones, la extensión del plazo contractual (54 días), mayores gastos generales y la inaplicación de penalidades.
Esta situación ocasionó un perjuicio económico de S/ 5 255 581.50 debido a una sobrevaloración de los precios unitarios de las maquinarias utilizadas, como volquetes, cargadores y excavadoras sobre orugas. También se sobrevaloraron precios en trabajos de enrocados de protección, construcción y mantenimiento de caminos de acceso.
El servicio de control posterior que se realizará este año comprenderá la ejecución del saldo de obra. Los trabajos fueron entregados en diciembre pasado y en enero de este año se efectuó la liquidación respectiva. Para la ejecución del saldo de obra se identificaron siete situaciones adversas aún no subsanadas.
Deficiencias en los trabajos
Entre las situaciones advertidas se encuentra la ejecución de trabajos sin considerar lo establecido en las especificaciones del expediente técnico, lo cual podría afectar la vida útil de la obra y con ello la finalidad pública del proyecto.
Según el Informe de Hito de Control N° 102-2022-CG/GRPI-SCC, la comisión de control verificó en las visitas realizadas que la losa antisocavante presenta en su parte superior un terminado tipo trapezoidal y no se encuentra uniforme como se establece en el expediente. Además, se advirtió que los lados perimétricos de las losas de protección y la unión de sus vértices no están alineados.
Durante la inspección de la obra, se constató que la mezcla del asfalto más arena gruesa, colocada en las losas de protección, se desmorona con mucha facilidad al tacto, a pesar de que tenía varias semanas colocadas.
Asimismo, se observó que el contratista no viene colocando tecnopor en las juntas de dilatación o separación entre las estructuras existentes y nuevas, ya que estas juntas facilitan el desplazamiento durante un movimiento sísmico y de esta manera evitan que la estructura choque entre ellas y pueda sufrir agrietamientos.
Seguidamente, se alertó que el contratista viene ejecutando trabajos por mayores metrados, pese a que dichas partidas constituirían una modificación del expediente técnico contractual, sin contar con la programación de obra actualizada y los planos aprobados por la entidad. También ejecutó trabajos que interfieren el cauce natural del río, propiciando que se afecte el control técnico y la calidad de la obra, según el Informe de Hito de Control N° 4235-2022-CG/GRPI-SCC.
De otro lado, se advirtió de interferencias existentes en un sector de intervención de la obra, como sedimentos, desmonte y basura en el cauce, así como deficiencias técnicas en su ejecución, de acuerdo con el Informe de Control Concurrente N° 314-2023-CG/GRPI-SCC.
Obra debió culminar en el 2020
Un equipo de auditores de la Gerencia Regional de Control de Piura hizo el acompañamiento desde la elaboración del expediente técnico, cuyo contrato inicial se firmó hace seis años. Recién en octubre de 2019 se inició la ejecución de los trabajos y debían culminar el 30 de abril de 2020, pero por la declaratoria de emergencia por la pandemia de la covid-19 se prolongó la fecha hasta noviembre de ese año.
Hacia finales de 2020, la obra tenía una avance de ejecución de apenas el 45.15%, por lo que el Gobierno Regional de Piura resolvió el contrato. En marzo de 2021, empezó la ejecución del saldo de obra y se fijó como fecha de término el 12 de enero de 2022. Sin embargo, la entidad aprobó una suspensión y seis ampliaciones de plazo que llevó a la recepción hasta el 14 de diciembre pasado.
El proyecto contemplaba la rehabilitación de defensas ribereñas dañadas, reposición de tablestacas falladas y losas de revestimiento en talud, revestimiento de la margen izquierda con talud de concreto incluyendo el hincado de tablestacas y la colocación de una capa antisocavante flexible denominada cable concreto.
Según el expediente, estos trabajos permitirán reducir la rugosidad del río, lo que permitirá reducir la vulnerabilidad de toda la infraestructura urbana de servicios incrementando la protección ribereña para un caudal de 3900 m3/s.
Adicionalmente, en el tramo final -entre puente Bolognesi y el futuro puente Integración- se instalará un enrocado a ambas márgenes y se realizará limpieza del cauce y eliminación de estructuras, de tal manera que no comprometa la estabilidad de las tablestacas.
Datos
El Gobierno Regional de Piura pagó S/ 126 936 774.26 por la obra de defensas ribereñas del río Piura tramo II, tanto por la ejecución del contrato inicial y luego por la ejecución del saldo de obra.
Los informes de control fueron comunicados al titular de la entidad que estaba a cargo en ese momento para las acciones correspondientes. Están publicados en el Buscador de Informes de Servicios de Control del portal institucional.
