ERP. (Piura). La oficina de la Defensoría del Pueblo en Piura requirió a la Dirección Regional de Salud de Piura (Diresa) y al Ministerio de Salud (Minsa) adoptar medidas urgentes y efectivas para garantizar el acceso oportuno a la vacunación contra el COVID-19 de niñas y niños de 5 a 11 años de edad en esta región.
De acuerdo con lo informado por el coordinador de la Estrategia Sanitaria Regional de Inmunizaciones de la Diresa, la región tiene por cubrir una población de 280 000 niñas/os de este grupo etario y a la fecha han inmunizado a más del 50 %. Sin embargo, ya no disponen de suficientes vacunas para continuar con la aplicación de la primera dosis, debido a que los lotes de las vacunas pediátricas que les están llegando son destinados a garantizar solamente la segunda dosis.
Asimismo, informó que, para continuar con la aplicación de la segunda dosis, disponen únicamente de un lote de 82 800 vacunas, incluyendo las 60 000 dosis que recibieron el último miércoles, lo cual significa que existe un déficit de vacunas para completar el esquema de inmunización de segunda dosis a más de 150 700 niñas/os; y para la aplicación de primera dosis a más de 100 000 personas dentro de este grupo de edad que aún no han sido protegidas contra el COVID-19.
Ante esta situación, el jefe de la Defensoría del Pueblo en Piura, César Orrego, solicitó al Minsa que disponga la entrega continua de lotes de vacunas pediátricas a fin de garantizar que se continué aplicando tanto la primera como la segunda dosis. “Tenemos que proteger a más de 100 000 niñas y niños que se verían afectadas/os al no recibir la primera dosis”, enfatizó.
Por otro lado, el representante de la Diresa, informó que el Repositorio Único Nacional de Información en Salud (Reunis), en el que el Minsa ingresa los datos estadísticos del proceso de vacunación, no reflejaría en tiempo real el porcentaje de población infantil vacunada, debido a la falta de personal dedicado a ingresar la información diaria. Al 23 de febrero, dicha plataforma arrojaba un porcentaje de avance de 45.6 %; sin embargo, el avance real alcanza a más del 50 %. Además, se conoció que no cuentan con brigadas suficientes para ampliar el proceso de vacunación, debido a la falta de presupuesto para la contratación de más personal.
En ese sentido, la Defensoría del Pueblo exhortó a las autoridades de salud del nivel regional y central unir esfuerzos a fin de garantizar plataformas informativas uniformes y en tiempo real que permitan a la ciudadanía contar con un registro actualizado sobre el avance del proceso de vacunación en la región. Asimismo, se solicitó fortalecer las gestiones para que se asigne el presupuesto necesario que permita contratar personal técnico que garantice no sólo información real en las plataformas del sector salud, sino, además, brigadas suficientes para no retrasar el proceso de vacunación.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo demandó garantizar el derecho a la salud y a la vida de la población infantil, así como el acceso a la vacunación de niñas y niños, que incluya también a la población refugiada y migrantes extranjeros, y que esta no sea condicionada a la exigencia de documentos que representen una limitación al disfrute de su derecho a la salud.
