ERP. En víspera de la audiencia de apelación por el caso de desalojo contra 10 comuneros, que se llevará a cabo el próximo 11 de noviembre, y que interpuso la Asociación Civil San Juan Bautista (hoy Agrícola San José), los comuneros recorrerán este martes 9 las principales calles de nuestra ciudad exigiendo el respeto a sus derechos y la propiedad comunal.
El punto de partida será en el Parque Infantil y finalizará en el Poder Judicial de nuestra ciudad, en señal de protesta por cómo se ha sobrellevado el caso que tiene a comuneros investigados por muchos años y temen ser despojados y desalojados por empresas vinculadas al Sodalicio de Vida Cristiana.
Cabe señalar que la defensa está pidiendo la nulidad de la sentencia de primera instancia y se reconozca los derechos a continuar en los terrenos que han ocupado, ellos y sus ascendientes, de más de 1850 hectáreas.
La empresa pretende desalojar a Wilmer Maza Sandoval, Santos Maza Juárez, Percy Maza Sandoval, Casimiro Maza Juárez, Percy Vílchez Chiroque, Paula Sandoval Sullón, Gregorio Inga Sánchez, María Lidia Maza Flores, Reynaldo Palacios Anastasio, Santos Elías Mendoza (fallecido) de 1,895.40 has. El caso data del 2014, año en que los comuneros fueron demandados por ocupación precaria. En primera instancia la jueza Iris Soledad Suárez Lozada del Juzgado Transitorio de Catacaos declaró fundada la demanda interpuesta por la Asociación Civil San Juan Bautista.
Paola Quispe, abogada defensora de los comuneros, señala que las propiedades de las comunidades campesinas son intangibles, inalienables y por lo tanto no pueden ser transferidas a terceras personas que no pertenecen a la comunidad. “Las transferencias en cuestión se han ido dando a espaldas de los comuneros, es más esas empresas han figurado en registros públicos, pero nunca tomaron posesión de los terrenos, son casi 2 mil hectáreas. Es casi imposible que los terrenos hayan sido poseídos por estas empresas, y es recién en el 2012 que con una sociedad conyugal quisieron tomar posesión y dejó como resultado muerto un comunero”.
Asimismo, la letrada recalca que la Asociación San Juan Bautista toma la titularidad de los predios a pesar de los problemas que habían . En la actualidad, los comuneros que residen en un perímetro de 5 hectáreas están denunciados por las empresas y se ha criminalizado el accionar de los pobladores.
“Los procesos de transferencia no se han hecho de acuerdo a ley, estamos apelando para que la Sala tome en cuenta todas las alegaciones de los comuneros porque es muy difícil que ellos, salgan de esas tierras puesto que viven de los cultivos de pan llevar, ganadería y de la apicultura”.indicó la fuente.
Además, advierte que, si la judicatura va a ratificar la sentencia en donde se les ordena el desalojo, es posible que se suscite un problema social en el que puedan resultar heridos y muertos porque los comuneros no van a salir de su lugar y cambiar de vida drásticamente, se tiene que respetar el derecho consuetudinario y la propiedad comunal.
Por su parte el comunero Percy Maza Sandoval sostiene que la justicia debe reconocer los derechos y niega ser usurpador como señala la empresa en la querella que se le sigue. “Soy inocente y no se me ha encontrado pruebas, ¿dónde está la justicia peruana? Exijo se me reconozca mis derechos y no somos usurpadores, ellos son los usurpadores y en sus manos está la muerte de dos comuneros”, recalca .
Añade que, hay un trato desigual por los operadores de justicia contra los comuneros, puestos que más se protege a la empresa y se deja a la deriva al ciudadano. Remarcó que “la justicia debe tomar conciencia, nosotros no somos usurpadores como dice la empresa, ellos se creen dueños porque tienen los registros que fueron hechos de forma fraudulenta”.
Como se sabe, los comuneros vienen enfrentando el proceso de despojo de las tierras, que ocuparon ellos y sus ancestros, desde el 08 de diciembre de 2011 en que el comunero Guadalupe Zapata Sosa fue asesinado mientras defendía sus terrenos de las empresas que comenzaban a cercar. De manera constante los comuneros fueron denunciados ante la Policía Nacional del Perú, investigados por años por la Fiscalía y llevados a juicios por varios años.
Los comuneros exigen justicia pues consideran esta batalla legal como una lucha desigual “entre David y Goliat”. Durante los 10 años de este conflicto de tierras, dos comuneros de Catacaos han sido asesinados, siete han resultado heridos y otros 39 han sido denunciados, según la data de la Unidad de Protección de Defensores de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), institución que desde 2019 brinda acompañamiento legal a los comuneros afectados.
No obstante, el 18 de enero de este año el Ministerio de Justicia (MINJUS) mediante Resolución Directoral N°001-2021- JUS/DGDH, aprobó una acción urgente de protección a 26 miembros de la Comunidad Campesina San Juan Bautista de Catacaos, en Piura, entre los que se encuentras varios acusados del caso. A todos ellos, el MINJUS les reconoce la categoría de defensores de derechos humanos.
