ERP. El Gobierno Regional Piura y el INPE ampliarán la vigencia de un convenio que tiene como líneas de acción los programas “Centro de Convivencia Carcelaria” y “ El Delito No Paga” mediante los que se propicia la reinserción social y laboral de los internos y la prevención del delito en adolescentes con problemas de comportamiento, según anunció el jefe de la Oficina Regional de Seguridad y Defensa Nacional, Bedher Alberto Zurita Lucumi.
El funcionario señaló que ambas instituciones firmaron un convenio en el 2018, que a la fecha ya culminó, pero por acuerdo entre las partes se suscribirá una adenda que posibilitará que el GR a través de la ORSYDN continúe con el desarrollo de acciones puntuales de los referidos programas, incluidos en el plan regional de seguridad ciudadana, el mismo que cuenta con el apoyo del gobernador regional, Servando García Correa, quien además preside el CORESEC.
Precisamente, la mañana del reciente Zurita Lucumi y el equipo de Seguridad Ciudadana del GR, se reunieron con las autoridades del INPE, para puntualizar los alcances de la adenda que deberá suscribirse los próximos días.
Cabe señalar que desde el Comité Regional de Seguridad Ciudadana, el programa de “Convivencia Carcelaria” ha recibido el apoyo de los representantes de las instituciones conformante, teniendo en cuenta que lleva a cabo actividades de tratamiento penitenciario y de asistencia post penitenciaria, procurando la reinserción, laboral y social y la no reincidencia de los interno en el delito.
Igualmente por este programa se ejecutarán actividades de asistencia psicológica para los internos y otras de distintos ejes temáticos como: biblioteca rodante, taller de danza y teatro, campañas médicas, charlas institucionales, elaboración de pinturas, fabricación de útiles de aseo, entre otros con el propósito de mejor las condiciones de convivencia entre los internos.
Finalmente Zurita Lucumi , puntualizó que el “ Delito No Paga”, apunta a reducir la delincuencia juvenil con actividades y programas dirigidos estudiantes de 4to y 5to de educación secundaria de las instituciones educativas ubicadas en zonas de alto riesgo delictivo, así como a jóvenes derivados por la Fiscalía para tratamiento psicológico como prevención al riesgo de incursión en el delito.
