ERP. La gestión de Reynaldo Hilbck Guzmán se encuentra próxima a terminar y no pudo cumplir con su ofrecimiento de llevar adelante centros de salud estratégicos. Más aún de acuerdo a la Secretaría Técnica Anticorrupción, el Gobierno Regional de Piura deberá declarar la nulidad de todas las resoluciones de aprobación de los expedientes técnicos de los centros de salud de Huarmaca, Huancabamba, Ayabaca y Los Algarrobos.
Este decisión se adoptó en reunión de la Comisión de Fiscalización del Consejo Regional que preside Consejero Manuel Saona y la Secretaría Técnica Anticorrupción, que contó con la participación de los funcionarios de la Gerencia Regional de Infraestructura Martín Saavedra, Roberto Cárdenas y los monitores de obras.
En esta jornada de trabajo se pudo conocer que debido a las inconsistencias técnicas e incumplimientos en las elaboración y posterior aprobación de los Expedientes Técnicos de los "Hospitales Estratégicos" de Huarmaca, Ayabaca, Huancabamba y Los Algarrobos, esta semana se tendría que declarar la nulidad de las resoluciones de estos expedientes, los cuales fueron aprobados desde el 12 de diciembre del 2017.
La propuesta es consecuencia de lo sugerido por la Contraloría Entidad que emitió Informes de Control Concurrente comunicando situaciones adversas que producían una serie de riesgos, que se detallaron en su debida oportunidad y que son observaciones vinculadas a las bases e incremento de montos, entre otros.
Según se informa hasta el momento el Gobierno Regional ha cancelado a las contratistas más de 3 millones de soles.
De acuerdo a lo señalado por el Gerente Regional de Infraestructura por las inconsistencias técnicas presentadas en la diferencia de los metrados y por la sobrevaloración del monto de los expedientes técnicos se va a tener que remitir lo actuado a la Contraloría para que emita pronunciamiento, esta acción en el mejor de los casos retardará el nuevo trámite para aprobación de los Expedientes Técnicos en 3 meses, de encontrar nuevas observaciones Contraloría dicho plazo se incrementaría hasta cinco meses. Con ello, lo lamentable es que los más perjudicados seguirán siendo la población beneficiaria de estos servicios de salud.
“Aquí no solamente hay un perjuicio económico sino también y mucho más el daño que se le está ocasionando con este actuar negligente u omisiones que han tenido los funcionarios de la Gerencia Regional de Infraestructura a los beneficiarios” se indicó en la reunión.
Ante ello, la Comisión de Fiscalización y la Oficina Regional Anticorrupción seguirán el caso con la evaluación de las posibles responsabilidad administrativa y penal que hubiera lugar.
