ERP. Pudo realizarse una investigación prolija sobre el favoritismo de una empresa en el año 2015 y determinar responsabilidades de la inundación de parte de la región Piura, ocurrido en el 2017; sin embargo, los contratos gestados desde Lima no consideran el control de calidad de las decisiones y Contraloría General de la República no tiene reacción cuando se trata de responsabilidades del Gobierno Central.
El abogado Jaime Eduardo Távara Alvarado, Secretario del Consejo Regional - Secretario Técnico Anticorrupción, considera que pudo actuarse de una mejor manera en las adjudicaciones en proceso desde el nivel central o más exactamente Agro Rural. Los resultados de estos procesos indican, que no existe control de calidad, tampoco evaluación de hechos anteriores y todo hace suponer que no se estaría garantizando las inversiones de la Reconstrucción con Cambios.
“Cuando se emitió la Ley N° 30556 - Ley de Reconstrucción con Cambios se estableció que la Contraloría General de la República iba actuar de forma concurrente para poder detectar los riesgos, y advertir a los Titulares de las Entidades Públicas sobre los problemas que iban a venir por defectos en los procesos, todos dijimos que era una excelente medida porque así se iban eliminar los casos de las múltiples obras con problemas en su ejecución o abandonadas a su suerte a largos arbitrajes con resultados desfavorables para el Estado” indica Távara Alvarado.
Agrega que “Desde que se iniciaron los procesos a cargo de las entidades ejecutoras, Contraloría, a través de las Oficinas de Control Institucional, dieron cuenta de los Informes de Acciones Simultáneas realizadas en las diferentes Adjudicaciones Simplificadas desarrolladas por el Gobierno Regional Piura, Ministerio de Agricultura y Municipalidad Provincial de Piura, en lo que respecta a nuestra Región, detectándose una serie de riesgos que ponían en peligro la ejecución de las obras”.
Asimismo, y considerando lo sucedido en los últimos días el funcionario Távara Alvarado considera “Lamentablemente allí empieza también el problema que comúnmente lo conocemos como "hecha la ley hecha la trampa"; sucede que los Titulares de las Entidades a cargo de la ejecución de estas obras con un discursos casi repetitivo y unísono salieron a señalar que los Informes de Acciones Simultáneas de la Contraloría no eran vinculantes y que solo detectaban algunos pequeños riesgos administrativos que se podían subsanar y por ello tomaban la decisión de continuar los procesos y suscribir los contratos. En sí era como si les hubieran dicho apresúrense a consentir el otorgamiento de la buena pro antes que el OSCE intervenga y allí sí traen abajo los procesos”.
Hablando con claridad, el Secretario Anticorrupción de Piura, precisa que “Es así como se pasa la pelota al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE, para que a través de sus informes recién los Comité de Selección recomienden a los Titulares de las Entidades qué era lo que debían hacer, como si estos funcionarios no supieran o tuvieran el conocimiento necesario para poder tomar una decisión cuando el órgano de Control ya le había dicho que existía una vulneración de la Ley. Allí recién vimos lo que pasó con las 6 declaratorias de nulidad de oficio de las adjudicaciones del Gobierno Regional Piura y ahora vemos el famoso caso de la adjudicación simplificada 41 - ítem 4 de descolmatación del río Piura a cargo de AGRORURAL”.
Távara Alvarado con mucha claridad opina que “Es sorprendente cuando vemos o leemos lo que declara el Ministro de Agricultura cuando señala que esperarán que Contraloría se pronuncie sobre VIVIANA (¿?), o está muy mal asesorado el Ministro o esto es una tomadura de pelo; primero, Contraloría se pronuncia por riesgos que detecta en los procesos, y ya lo hizo hace más de una semana, y tanto el Ministro como el Director de AGRORURAL tienen ese Informe en sus muy atiborrados (seguro) despachos que aún no se han dado cuenta de su existencia”.
Luego indica que “Con este informe muy bien don Alberto Joo, con toda la experiencia que tiene en Administración Pública, debió tomar una decisión, pues todos somos testigos que decisión tomó, el continuar con este proceso y adjudicar la buena pro a la empresa ya conocida. El Ministro conoce muy bien que Contraloría en uno o diez días no va emitir ningún informe específico sobre la legalidad o no de esta empresa, porque no le corresponde, eso está en sede fiscal y allí se deberá determinar su responsabilidad o no; entonces señores no pretendan engañar a la ciudadanía con esas declaraciones o señalar que no sabían lo que podía venir”.
Távara precisa que está de más recordar las célebres frases señaladas por don Juan Hernández de "NO PERMITIREMOS MÁS VIVIANAZOS" o "VOY A METER PRESOS A LOS QUE HICIERON MAL LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DEL 2015". Esto hace recordar la frase que dice "el hombre es esclavo de sus propias palabras".
En tal sentido y considerando lo ocurrido con la última adjudicación realizada desde Lima, Távara Alvarado concluye haciendo un llamado “Señores Titulares de Entidades que tienen a su cargo la ejecución de las obras de la rehabilitación y luego tendrán la responsabilidad de la reconstrucción, entiendan, comprendan, asesórense mejor y den la importancia que merecen a los Informes de Acciones Simultáneas que vienen emitiendo la Contraloría, no por algo el Estado está invirtiendo en reforzar el Sistema de Control para prevenir actos de corrupción en el tema de la reconstrucción. El restarle importancia a estos informes solo hace pensar que las autoridades quieren encontrar un pretexto para continuar desarrollando procesos mal llevados” acotó.
