Eso constituye un verdadero atentado contra la democracia
ERP. El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Mariano Cucho, dijo hoy que los actos de violencia ocurridos luego de las elecciones del domingo pasado fueron perpetrados por algunos candidatos y organizaciones políticas que se niegan a aceptar los resultados de la voluntad popular.
Tras indicar que la violencia es incompatible con el régimen democrático, lamentó que algunos candidatos y sus organizaciones hayan promovido la quema de material electoral, ataques a locales de votación, a las oficinas descentralizadas de la ONPE y al personal de los organismos electorales.
Cuestionó que, ahora, estos sectores levanten irresponsablemente acusaciones de supuestas irregularidades para pretender forzar nuevas elecciones.
"La peor forma de violencia es la que pretende desconocer el resultado de la voluntad popular expresada en las urnas. Eso constituye un verdadero atentado contra la democracia, contra la voluntad popular, contra el voto de cada uno de nosotros", declaró a la Agencia Andina.
Sostuvo que los actos de violencia referidos constituyen hechos tan repudiables, como los que en el pasado cometía la subversión contra el desarrollo de las elecciones.
Cucho Espinoza advirtió, además, que estos hechos se producen en un contexto sociopolítico muy complejo, donde la presencia del Estado es aún débil, donde el narcotráfico y el crimen organizado han ganado espacios, erosionando la institucionalidad del país.
Esta situación, recordó, fue advertida en mayo pasado cuando la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones emitieron un comunicado conjunto dando cuenta de este clima de ilegalidad que había penetrado algunos espacios de aparato estatal, sobre todo en algunas regiones y municipios.
Añadió que el sistema electoral en su conjunto ha planteado diversas iniciativas de reforma político electoral para fortalecer la institucionalidad de los partidos y del sistema político, frente a esa compleja situación.
Lamentó, no obstante, que medidas como el fortalecimiento de la supervisión y control de las finanzas partidarias, para prevenir el ingreso de recursos de fuentes ilícitas al sistema político, no hayan sido aún aprobadas; ni tampoco la propuesta para institucionalizar las elecciones internas en los partidos, entre otras.
